Mediante el Decreto 84/2026, el Poder Ejecutivo puso en vigencia la Ley 27.793 que garantiza el financiamiento de prestaciones y reordena el sistema de pensiones no contributivas en todo el país.
Tras meses de incertidumbre y una fuerte resistencia por parte del Poder Ejecutivo, el gobierno nacional oficializó este miércoles la reglamentación de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad. La medida surge como respuesta directa a un fallo del Juzgado Federal de Campana, que en diciembre pasado declaró inválida la suspensión de la norma y fijó el 4 de febrero como plazo límite para su implementación total.
En diálogo con la radio La Ranchada, la abogada especialista Natalia Chavarri destacó que esta reglamentación brinda el oxígeno necesario a las familias y prestadores del sector. La normativa declara la emergencia para el periodo 2026-2027, asegurando nuevas partidas presupuestarias destinadas a cubrir servicios críticos como transporte y tratamientos terapéuticos que se encontraban en riesgo por los bajos aranceles.
Uno de los puntos centrales del decreto es el reordenamiento de las pensiones no contributivas. Según explicó Chavarri, se busca establecer un proceso más claro y operativo para evitar la persecución hacia los beneficiarios, garantizando que la asistencia llegue de manera efectiva a quienes la necesitan.
Finalmente, la especialista recordó que tanto las obras sociales como las empresas de medicina prepaga mantienen la obligación irrenunciable de cubrir el 100% de las prestaciones. Ante posibles incumplimientos en servicios como prótesis, equinoterapia o centros de día, la vía judicial a través de recursos de amparo continúa siendo la herramienta principal para hacer valer los derechos de las personas con discapacidad.
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