se cumplió el primer aniversario de la implementación en Salta y Jujuy del nuevo Código Procesal. Entre otros resultados, se lograron 136 acuerdos plenos y se obtuvieron más de 2,5 millones de pesos y 10 mil horas de trabajo comunitario.
En junio de 2019 empezó a aplicarse progresivamente el nuevo Código Procesal Penal Federal en las provincias de Jujuy y Salta. A más de un año, el Ministerio Público Fiscal informó que se lograron 136 acuerdos plenos y se obtuvieron más de 2,5 millones de pesos y 10 mil horas de trabajo comunitario.
Estos datos se desprenden del trabajo realizado por las Unidades Fiscales de Salta y Jujuy y las sedes descentralizadas de Orán y Tartagal en relación a la resolución alternativa de conflictos. Cabe recordar que el artículo 22 del Código Procesal Penal Federal faculta a jueces y fiscales para “resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social”.
De este modo, las donaciones de dinero alcanzaron los $2.547.206 pesos y las horas de trabajo sumaron 10.331, lo que equivale a 428 días, un año y dos meses de trabajo por parte de los beneficiarios de esos acuerdos, quienes se comprometieron a la realización de diferentes labores, como desmalezamiento, preparación de alimentos, cuidado de niños y ancianos, dictado de clases virtuales y servicio de remis.
En concreto, la mayoría de los casos resueltos son por encubrimiento de contrabando, infracciones a las medidas sanitarias y otros delitos menores, según el informe del MPF.
De los 136 acuerdos, 73 pertenecen a la Unidad Fiscal Salta, mientras que 13 se celebraron en las sedes de Orán y Tartagal. Un total de 50 corresponden a la Unidad de Jujuy, entre los que se contabilizan 24 acuerdos con aplicación de criterio de oportunidad. Los mismos se cumplen, por lo general, a lo largo de un año o menos.
Lo logrado es destinado a entidades de bien común de Salta y Jujuy, como también se dispusieron ayudas dirigidas a hospitales de Tucumán, Santa Fe y Buenos Aires.
Los acuerdos arribados también dejaron un saldo de 1500 kilos de mercadería como, por ejemplo, artículos de limpieza, comestibles, materiales para la construcción y artículos del hogar. Por la emergencia sanitaria, las fiscalías se volcaron a obtener, producto de estos acuerdos, donaciones de insumos médicos, tales como oxímetros de pulso, pistolas termómetro láser, tensiómetros e incluso la fabricación de portasueros.
Lo logrado es destinado a entidades de bien común de Salta y Jujuy, como también se dispusieron ayudas dirigidas a hospitales de Tucumán, Santa Fe y Buenos Aires. De todas las entidades beneficiadas, 32 son hospitales y centros de salud, ubicados tanto en la capital de Salta y Jujuy, como en municipios del interior de esas provincias. También hay comedores y merenderos, escuelas, asilos, hogares, parroquias y otras instituciones.
En cuanto a las tareas comunitarias, algunas serán destinadas a refacciones específicas en determinadas entidades, como trabajos de pintura y albañilería. En un caso específico, un profesional acordó dictar clases de inglés en una escuela, mientras que otro profesor asumió el compromiso de atender las necesidades de estudiantes del nivel secundario en materias como matemática y física. Otro imputado, con habilidades para la herrería, también se comprometió a fabricar diez portasueros para un hospital.
Fuente: Diario Judicial