El conflicto salarial en la administración pública provincial suma nuevos capítulos. Este lunes, el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) resolvió profundizar su plan de lucha para exigir una recomposición salarial al gobierno de Martín Llaryora.
La decisión se tomó durante un plenario provincial en la sede gremial de calle Belgrano, donde se votó por unanimidad a favor de agudizar las medidas de fuerza.
Desde este martes, el gremio realizará asambleas de dos horas por turno con quita de colaboración en todas las reparticiones. A partir del miércoles, se sumarán protestas sorpresivas en distintas dependencias de la capital y el interior.
Además, para el próximo viernes está previsto un “ruidazo” en el Área Central y hospitales públicos, una acción que buscará visibilizar el descontento en sectores clave de la administración provincial.
En paralelo, la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj) comenzó este lunes un paro por 48 horas, en el marco de un plan de lucha que se extenderá por dos semanas.
El gremio exige una urgente recomposición salarial, con la equiparación de los sueldos a los de la justicia federal. Además, reclama mejoras en bonificaciones, reducción de descuentos por aportes y salud, y el fin del diferimiento salarial a jubilados.
Uno de los puntos más conflictivos es el rechazo a un comunicado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que cuestiona el derecho a huelga y avala descuentos por días no trabajados. Desde Agepj lo consideraron un «ataque directo a la libertad sindical» y un intento de disciplinamiento.
