El fiscal de Instrucción en Violencia de Género y Familiar, Gerardo Reyes, dio por concluida la etapa de investigación y elevó a juicio la causa contra Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio. El imputado, de nacionalidad uruguaya y señalado como líder del grupo misógino “Varones Unidos”, está acusado por homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género, además de violación de domicilio, amenazas y desobediencia a la autoridad.
El doble crimen, ocurrido el sábado 11 de octubre en una vivienda del barrio Argüello, generó una profunda conmoción social en Córdoba y volvió a poner en discusión la eficacia de las medidas estatales de prevención y protección frente a la violencia machista. Luna Giardina había denunciado en reiteradas oportunidades a Laurta, su expareja y padre de su hijo, y contaba con un botón antipánico al momento del ataque. Sin embargo, esas herramientas no lograron impedir el desenlace fatal.
De acuerdo a la investigación, Laurta viajó desde Uruguay, cruzó la frontera sin obstáculos y se dirigió directamente al domicilio de las víctimas. Una vez allí, ingresó por la fuerza y efectuó varios disparos que provocaron la muerte de Luna y de Mariel Zamudio, quien se encontraba en la vivienda. Tras el ataque, el acusado se llevó al hijo de Luna, un niño de corta edad, en lo que constituyó un secuestro que incrementó aún más la gravedad del hecho.
El menor fue localizado horas más tarde por la Policía en la provincia de Entre Ríos, a pocos kilómetros del límite internacional, y puesto a resguardo. Su hallazgo permitió cerrar una de las etapas más angustiantes del caso, aunque no mitigó el impacto social que provocó el femicidio doble, especialmente por tratarse de una situación en la que existían antecedentes claros de violencia y denuncias previas.
El fiscal Reyes consideró acreditados los elementos suficientes para que Laurta enfrente un juicio oral por los delitos imputados. La acusación sostiene que el ataque fue planificado, ejecutado con alevosía y en un contexto de violencia de género, lo que agrava la calificación legal y podría derivar en una condena a prisión perpetua.
El caso volvió a encender cuestionamientos sobre el funcionamiento de los dispositivos de cuidado y prevención. La existencia del botón antipánico y las denuncias previas no lograron evitar que el agresor actuara, ni tampoco activar mecanismos eficaces de control que detectaran su ingreso al país y su acercamiento a la víctima. Para familiares y organizaciones feministas, el femicidio expone una cadena de fallas estatales que requieren una revisión urgente.
Además de esta causa, Laurta enfrenta un proceso judicial paralelo de extrema gravedad. Está imputado por el presunto homicidio del taxista Sebastián Palacio, cuyo cuerpo fue hallado descuartizado y distribuido en distintos puntos, un hecho que aún se encuentra bajo investigación y que podría derivar en una acusación adicional en su contra.
Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).
