La Justicia provincial resolvió elevar a juicio la causa que investiga el asesinato de Gabriela Mónica Pérez, la joven de 22 años que perdió la vida tras recibir un disparo durante un acto del Sindicato Obreros y Empleados de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (Soelsac) en septiembre de 2023. El expediente, instruido por la fiscal Silvana Fernández, llega ahora a una nueva instancia judicial después de más de un año de investigaciones, declaraciones, análisis de pruebas y controversias en torno a la responsabilidad de los acusados y a las circunstancias en que se produjo el ataque. La elevación a juicio representa un paso clave para esclarecer el hecho ocurrido en barrio Yapeyú, donde el sindicato realizaba un almuerzo gremial que terminó abruptamente en tragedia.
Durante el evento sindical, un tirador abrió fuego desde el exterior hacia el sector donde se encontraban trabajadores y familias. En ese contexto, uno de los disparos impactó en Gabriela Pérez, provocándole la muerte de manera inmediata. La joven participaba de la actividad junto a otros asistentes cuando se desató el ataque que generó pánico y una rápida dispersión de los presentes. De acuerdo con los registros incorporados al expediente, la balacera fue inesperada y ocurrió en cuestión de segundos. Las imágenes de cámaras de seguridad captadas en la zona fueron elementos determinantes para reconstruir el momento en que el tirador accionó el arma en dirección al interior del predio.
El principal acusado es Gustavo Herrera, hermano de la víctima, a quien la fiscalía considera posible partícipe en la trama que desembocó en el ataque. La imputación formulada contra él generó fuertes tensiones con la familia de Gabriela, que insiste en que Herrera es inocente y que no tuvo ningún tipo de intervención en los hechos. Según el planteo de la familia, la acusación carece de sustento y se basa en interpretaciones que no reflejan lo ocurrido. La defensa del imputado ya anticipó que apelará la decisión de elevar la causa a juicio, lo que abre un nuevo capítulo en la disputa judicial que rodea el caso. Herrera está acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego bajo la figura de dolo eventual, además de tentativa de homicidio en el mismo agravante.
El otro imputado es Adrián Vallejos, referido en la investigación como quien habría actuado en calidad de cómplice del ataque. Las evidencias incorporadas señalan su posible participación en la planificación o facilitación del hecho, aunque los detalles de su intervención concreta serán materia de debate durante el juicio. Al igual que Herrera, también enfrenta cargos por homicidio agravado y tentativa de homicidio. Para la fiscalía, la conducta atribuida a ambos se encuadra en un accionar que permitió o facilitó que un tirador disparara hacia el acto gremial, dejando como resultado la muerte de Pérez y poniendo en riesgo la vida de otros asistentes.
Uno de los elementos centrales de la investigación fueron los videos provenientes de cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del lugar. En esas imágenes se observa al tirador disparando repetidamente hacia el interior del evento sindical. Una de esas balas fue la que impactó en Gabriela. Las grabaciones permitieron establecer la dinámica del ataque, la dirección de los disparos y la conducta de las personas involucradas antes y después del hecho. Aunque el tirador aún no fue identificado formalmente en la causa, para la fiscalía el análisis del contexto y de las relaciones previas entre los imputados permitió avanzar en las medidas procesales que derivaron en la elevación a juicio.
