El fiscal Guillermo González resolvió elevar a juicio la causa que investiga la responsabilidad de efectivos de la Policía de Córdoba en el episodio violento ocurrido el 24 de marzo en una estación de servicio del barrio Villa Páez, que terminó con la muerte de Guillermo Bustamante, de 39 años. La decisión implica que cinco agentes llegarán a un proceso judicial en el que se evaluará su accionar durante el procedimiento que, según la investigación, derivó en un desenlace fatal.
El hecho se produjo cuando Bustamante intentaba cargar combustible en su vehículo y surgieron inconvenientes al momento de pagar. Ante esa situación, el playero del establecimiento dio aviso a la Policía. Minutos después arribaron patrulleros al lugar y se inició una intervención que, en lugar de resolverse mediante el diálogo, escaló rápidamente a un forcejeo y una agresión física contra Bustamante. De acuerdo con las actuaciones judiciales y los testimonios recabados, la víctima fue reducida y golpeada por los efectivos, lo que habría desencadenado una descompensación que terminó en un infarto. Bustamante falleció en el lugar, antes incluso de ser trasladado a una dependencia policial o a un centro de salud.
Inicialmente, el fiscal ordenó la detención de cinco efectivos involucrados en el procedimiento. Al suboficial inspector Marcos Guzmán Altamirano, al cabo Juan Martín y al oficial ayudante Nicolás Bulacio se les imputó en primera instancia el delito de homicidio calificado, agravado por el abuso de sus funciones como integrantes de una fuerza de seguridad. Sin embargo, tras conocerse los resultados de la autopsia, que indicaron que la víctima presentaba problemas cardíacos previos, la calificación legal fue modificada a homicidio preterintencional, figura que contempla que no existió intención directa de matar, pero que la muerte ocurrió en el contexto de una violencia ejercida sobre la persona.
En el mismo expediente, el oficial inspector Walter Perfumo fue imputado por encubrimiento, en tanto que el sargento Mariano Córdoba quedó acusado de omisión de los deberes de funcionario público. Luego del cambio de carátula, el fiscal dispuso que los cinco efectivos afronten el juicio en libertad, una decisión que generó malestar y críticas por parte de los familiares de Bustamante y de organizaciones que denuncian violencia institucional.
La viuda de la víctima, Agustina Escortoni, brindó su testimonio en distintos medios y sostuvo que su marido fue víctima de una agresión desmedida y sin justificación. Aseguró que presenció cómo los efectivos le golpeaban las costillas y las piernas, mientras trataban de inmovilizarlo con una llave, y que en varias oportunidades pidió que se detuvieran. Según su relato, si los policías no hubieran actuado con violencia, Bustamante no habría muerto. Escortoni también cuestionó que los agentes involucrados hayan recuperado la libertad mientras continúa el proceso judicial.
En el marco de la investigación, el fiscal González indicó que los registros de las cámaras de seguridad de la estación de servicio contradicen la versión inicial de los policías, quienes habían afirmado que Bustamante se resistió al procedimiento. Las imágenes, según trascendió, no muestran una resistencia violenta que justificara el nivel de fuerza empleado, un detalle que resulta clave a la hora de determinar responsabilidades penales.
