La sanción de la Ley de Emergencia en materia de discapacidad, confirmada por el Congreso tras revertir un veto presidencial por primera vez en la historia del país, fue suspendida por el Ejecutivo, que exige al cuerpo legislativo especificar la fuente de los fondos para su ejecución. Esta ley se originó debido a serias irregularidades, como la ausencia de aumentos en prestaciones desde noviembre de 2024 y la baja indiscriminada de pensiones.
La emergencia en el ámbito de la discapacidad se hizo necesaria debido a que ocurrieron muchísimas irregularidades, siendo una de las principales la falta de aumentos en las prestaciones desde noviembre de 2024 y la baja indiscriminada de pensiones.
Si bien el Congreso logró imponer la ley al revertir el veto presidencial, el presidente de la nación, mediante el artículo 2 del decreto de promulgación, procedió a suspender la puesta en marcha de la normativa. El decreto exige que el Congreso determine de dónde se obtendrán los fondos necesarios para la ejecución de la ley.
Ante esta acción ejecutiva, la «familia de la discapacidad» ha reaccionado legalmente. Una madre de un niño con discapacidad presentó una acción de amparo colectiva exigiendo la inconstitucionalidad del mencionado artículo del decreto de promulgación. El objetivo de la acción es pedir y exigir la inmediata puesta en marcha de la ley de emergencia.
