Más de 250 transportistas se movilizaron en Córdoba para denunciar el ahogo financiero provocado por los recortes nacionales y el incumplimiento de pagos, una situación que pone en riesgo el derecho a la movilidad de las personas más vulnerables.
La crisis que atraviesa el sector del transporte para personas con discapacidad ha llegado a un punto crítico. En una reciente manifestación en la ciudad de Córdoba, más de 250 transportistas alzaron su voz para denunciar una contexto caracterizado por aranceles extremadamente bajos y un costo de combustible insostenible. Alejandra, una transportista con una década de experiencia, advirtió que muchos colegas están perdiendo sus vehículos por no poder pagar las cuotas, lo que deriva en que una gran cantidad de personas con discapacidad se estén quedando sin el servicio indispensable para su vida diaria.
La falta de sustentabilidad económica ha provocado que más del 30% de los prestadores abandonen la actividad para volcarse a otros rubros, como el servicio de Uber, para poder subsistir. Los trabajadores exigen que el Gobierno Nacional acate la ley de emergencia vigente y detenga la vulneración de derechos hacia las personas con discapacidad y sus familias.
El problema se agudiza drásticamente en el interior de la provincia. Pablo, representante del Centro Educativo Nuevo Sol en Traslasierra, detalló que el Estado Nacional adeuda cinco meses de pagos correspondientes al programa Incluir Salud. Esta falta de fondos afecta gravemente a poblaciones humildes que dependen de traslados de hasta 80 kilómetros en zonas rurales, donde no existe el transporte público. «Estamos ahogados, estamos en una situación crítica y se va tornando insuperable», afirmó Pablo, señalando que el desgaste de las unidades por los caminos de tierra y los elevados costos de reparación —que pueden alcanzar los 4 millones de pesos— hacen imposible mantener el servicio sin que el Estado libere los fondos retenidos.
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