A partir de las 12, movilizan las centrales obreras, movimientos sociales y políticos, desde la Casa Histórica del Movimiento Obrero, en rechazo a la Ley Bases y paquete fiscal que impulsa el Gobierno nacional. Las actividades contemplan el acompañamiento a jubilados, colecta de alimentos para los comedores, y marcha durante la tarde.
En el marco del inicio del debate de la Ley de Bases y el paquete fiscal en la Cámara alta, se realizan acciones de rechazo en todo el país. En Córdoba, el proyecto que impulsa el gobierno de Javier Milei, es repudiado por distintos sectores. A partir de las 12, en el centro de la ciudad, se movilizan las dos CGT, las dos CTA y la UTEP.
Antes, a las 11, esta previsto un acompañamiento a la Ronda de Jubilados y Jubiladas que se desarrollará en la Plaza San Martín. Se convoca a llevar alimentos no perecederos para acompañar el sostenimiento de los comedores de las organizaciones sociales locales.
«La patria no se vende» , expresa la consigna de la movilización, que comienza en la la Casa Histórica del Movimiento Obrero, ubicada en Vélez Sarsfield 137. Las centrales obreras se vuelven a encontrar en un plan de lucha unificado, en rechazo al proyecto de Ley Bases, el paquete fiscal, y también al vigente decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023.
El resto del día, se realizará una vigilia en la Casa Histórica, para seguir la discusión de la sesión del Senado.
Durante la jornada estarán presentes, el personal de la Universidad Nacional de Córdoba , que este miércoles mantiene su segunda jornada de paro de actividades, por el reclamo salarial.
Por su parte, el movimiento estudiantil, moviliza con la Asamblea Interfacultades, a las 15:30, desde el Monumento de la Reforma.
Los puntos más polémicos de la Ley Bases
La Ley Bases y el paquete fiscal, sufrieron reformas a lo largo de su tratamiento en comisiones, sin embargo, hay puntos que siguen presentes y serán votados durante esta jornada maratónica en el Senado.
En cuanto a la reforma laboral, el proyecto flexibiliza el mercado laboral, y le resta derechos a las y los trabajadores. La propuesta plantea que el periodo de prueba podrá durar hasta un año, y que la indemnización será descontada mes a mes del salario de los trabajadores, es decir los empleados pagarían su propia indemnización. Por otra parte, participar en acciones colectivas en los lugares de trabajo podría dar lugar a sanciones, como despidos o descuentos. Si ocurriese un despido discriminatorio por la acción o actividad sindical de las y los trabajadores, el proyecto elimina la obligación de recontratarles, tal como establece la ley federal antidiscriminatoria y la jurisprudencia.
El Régimen de incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) el cual le da enormes privilegios a las grandes empresas. Este régimen especial desalienta el valor agregado en la producción: genera beneficios para empresas extranjeras y perjudica a las nacionales. Además, no promueve la creación de empleo local ni la protección del medioambiente ni contempla los derechos de las más de 1800 comunidades campesinas que hay en la Argentina. La explotación de recursos naturales afectará los territorios y el ambiente.
En relación a las jubilaciones, la moratoria previsional, el proyecto pretende derogar la Ley 27.705, Plan de Pagos de Deuda Previsional, conocida como moratoria, que permite que las personas que no alcancen los 30 años de aportes tengan una modalidad de pago en cuotas para completar los años que les faltan y poder así recibir la jubilación. Sin esta ley, las y los trabajadores informalizados pierden el acceso a la jubilación, es decir 9 de cada 10 mujeres, y 7 de cada 10 varones no podrán jubilarse.
Sigue vigente el artículo que refiere a otorgarle al poder Ejecutivo facultades delegadas, a través de la declaración de la emergencia pública por un año en materia administrativa, económica, financiera y energética. Es decir, el presidente Javier Milei, tendrá facultades extraordinarias por un año, esto le permitiría el poder de gobernar por decreto, sin la necesidad de pasar por el Congreso de la Nación.
El apartado de las privatizaciones, propone que 41 empresas que son, hasta ahora del Estado, pasen a manos de privados, entre ellas se encuentran Aerolíneas Argentinas, Correo y Radio y Televisión Argentina (RTA). Esto le otorgaba al Poder Ejecutivo la posibilidad de proceder a la privatización total o parcial de las empresas, a la concesión de los servicios que prestaban o a su liquidación y cierre.
Fuente: Centro de Estudios Legales y Sociales
Foto: gentileza CTA Córdoba