Capacitación en el Centro Cultural Córdoba abordó las herramientas de prevención de violencia contra la niñez, mientras referentes territoriales advierten sobre la falta de recursos, el desguace estatal y las demoras judiciales que frenan la protección efectiva.
En una jornada orientada a brindar herramientas de prevención y actuación ante situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes, el Centro Cultural Córdoba —ubicado sobre la calle Leopoldo Lugones— fue sede de una capacitación oficial dirigida a organizaciones sociales y de la sociedad civil. La actividad estuvo centrada en dar a conocer el alcance de la Ley Nacional 27.709, conocida como Ley Lucio, a la cual la provincia de Córdoba se adhirió en 2024 mediante la sanción de la Ley Provincial 10.973.
Tal como detalló la educadora y referente sociocomunitaria Giuliana Olmos en La Hora de las Villas y los Barrios, la normativa busca articular el marco jurídico con los sistemas educativos, sanitarios y judiciales. Sin embargo, la legislación cordobesa introduce un aspecto distintivo: la inclusión explícita de una cláusula de corresponsabilidad para las organizaciones de la sociedad civil. Este apartado establece que los espacios comunitarios que trabajan diariamente con la infancia no solo deben capacitarse, sino que quedan integrados formalmente en los circuitos de detección, prevención y manifestación de las vulneraciones de derechos observadas en el territorio.
Los protocolos institucionales promueven una escucha activa sin reinterrogar al menor, buscando establecer relaciones de confianza para luego articular las intervenciones con las áreas municipales y provinciales correspondientes, así como con los directivos escolares.
La Realidad Territorial: Precarización y el Impacto de la Emergencia Alimentaria
A pesar del avance normativo, el trabajo cotidiano en los centros de cuidado infantil, apoyos escolares y espacios socioeducativos enfrenta severos obstáculos estructurales. La cobertura estatal presenta falencias asociadas a la falta de personal especializado en los centros de salud barriales —donde la escasez de trabajadoras sociales e insumos dificulta la obtención de diagnósticos oportunos fuera del turno mañana— y a una escasa articulación entre los gobiernos municipal, provincial y nacional.
A esta situación de precarización laboral y desmantelamiento de programas se suma el agravamiento de la emergencia alimentaria en los barrios vulnerables de Córdoba. Según relatan las trabajadoras comunitarias, la demanda de asistencia alimentaria en los comedores y merenderos se ha duplicado o triplicado en los últimos meses. Esta urgencia obliga a los espacios barriales a redirigir todos sus recursos financieros y logísticos a la gestión de alimentos para evitar el cierre de sus puertas.
Como consecuencia directa de esta crisis, las organizaciones han tenido que suspender o relegar actividades planificadas de prevención comunitaria —tales como talleres sobre violencia hacia la niñez, prevención de violencia de género, salud de adultos mayores o detección precoz del cáncer de mama— para abocarse exclusivamente a la contención del hambre. Esta realidad se profundiza al abordar problemáticas complejas como el consumo problemático multigeneracional, donde la falta de centros de rehabilitación y contención estatal arrastra décadas de déficit estructural.
Canales Oficiales de Asistencia y la Traba de la Burocracia Judicial
En el plano de la formación y la denuncia pública, la provincia mantiene habilitada la capacitación oficial sobre la Ley Lucio a través del Campus Virtual de Córdoba (accesible mediante la plataforma CiDi), ofreciendo trayectos específicos tanto para agentes del Estado como para la sociedad civil. Asimismo, se encuentran operativos canales de asistencia directa como la tradicional Línea 102 y la herramienta digital «Botinaf», un bot desarrollado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) que cuenta con profesionales especializados para responder consultas, orientar a jóvenes y activar protocolos ante situaciones críticas como autolesiones.
No obstante, las trabajadoras comunitarias advierten que el esfuerzo realizado por referentes barriales y escuelas suele estrellarse contra la lentitud del sistema de justicia. Cuando los casos son derivados a las unidades judiciales y tribunales, las actuaciones con frecuencia quedan paralizadas durante dos o tres años sin resolución expedita. Esta mora judicial genera desazón en las comunidades y evidencia que, más allá de la sanción de leyes e instancias de capacitación, resulta indispensable un compromiso estatal sostenido que garantice recursos concretos y respuestas rápidas para proteger eficazmente a las niñeces.
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