Mientras en otros estados se palía la situación excarcelando a presos, Madrid mantiene una política de parches ante la pandemia que ahora vuelve a quedar en evidencia. Los rebrotes han hecho interrumpir las comunicaciones de nuevo en cuatro cárceles, según reveló Etxerat ayer. Un informe estatal desmonta los datos sobre videollamadas.
Cuando la mejora de la situación general en junio todavía no había devuelto la situación anterior, llegan nuevas amenazas y restricciones para las personas presas, al haber entrado de nuevo el virus en varias cárceles.
Etxerat reveló ayer en una nota que existen dificultades de nuevo en Jaén, Curtis (A Coruña), A Lama (Pontevedra) y Brieva (Ávila). Y más allá de estos casos concretos, el temor de los familiares es que se vuelva a generalizar de cara al otoño la situación ya padecida en primavera, marcada por el temor a los contagios y la incomunicación generada.
Etxerat y otras organizaciones vascas participan en una dinámica de alcance estatal que está instando al Gobierno español a poner remedios verdaderos.
En otros estados se ha procedido a excarcelaciones masivas por el contexto absolutamente excepcional creado por el covid-19, pero el español únicamente ha facilitado algo el tránsito a tercer grado y ha evitado las salidas y entradas constantes de quienes llegan a ese régimen. Ninguna de estas dos medidas se ha aplicado a los presos de EPPK, que siguen logrando esa progresión a cuentagotas y tienen que pernoctar en el CIS en los contados casos en que están en tercer grado.
Un informe presentado por esta plataforma de ámbito estatal recoge una cronología de la situación de estos meses y desmonta algunas afirmaciones del Ejecutivo español, como que se ha impulsado el sistema de videollamadas.
«Desde Instituciones Penitenciarias se afirmó haber realizado 54.000 hasta finales de mayo como dato muy positivo, pero si se divide ese número de llamadas entre las personas que se encontraban en libertad (descontando las de tercer grado), son 33.500, por lo que la media es de 1,6 videollamadas en poco menos de dos meses», indica el estudio.
A los presos y presas vascas, ni eso; como única «compensación» por la falta de visitas y vises se les aumentó mínimamente la duración de las llamadas.
Enfermos y mayores de 65
En este contexto, Etxerat demanda soluciones reales, después de incidir en el fondo del problema, que no es desconocido para nadie en el conjunto de la sociedad: «Mientras a la población en general y desde todos los estamentos se nos exige responsabilidad ante la pandemia, las autoridades penitenciarias han evitado asumir la que tienen con las personas encarceladas, actuando únicamente en detrimento de sus derechos y los de sus familiares».
Así, demandan que presas y presos sean trasladados a las cárceles de sus lugares de origen o de aquellos con los que tengan vinculación. Consideran además que se debe priorizar sobre cualquier otra circunstancia el derecho a la salud y a la vida de aquellas personas encarceladas que, por edad o enfermedad, responden a los grupos de mayor riesgo ante el covid-19, por lo que reiteran la necesidad de excarcelación inmediata de los presos gravemente enfermos y de los mayores de 65 años.
Subraya Etxerat que estas medidas son las que organismos internacionales recomendaron adoptar con urgencia al inicio de la pandemia. Y de hecho así lo han hecho otros estados.
Fuente: Naiz.eus