A través del Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación N° 679/2020, se publicó un Acuerdo de Solución Amistosa suscripto entre el Estado Nacional y una mujer víctima de violencia de género.
En el proceso se denunció que el Estado argentino incumplió la obligación de debida diligencia reforzada para prevenir hechos de violencia de género, en especial la tentativa de femicidio sufrida por la demandante el 24 de marzo de 2017 a manos de su ex pareja. Si bien la víctima había realizado una denuncia poco antes por violencia de género, al momento del ataque no contaba con ninguna medida de protección.
El Estado reconoció su responsabilidad internacional por el deficiente tratamiento judicial dado al caso y se comprometió a brindarle a la mujer una reparación pecuniaria, cuyo monto será fijado por un tribunal arbitral.
La violencia por motivos de género sufrida por la damnificada se inició en el 2002 cuando intentó separarse de su entonces pareja, quien reaccionó con distintas formas de violencia física y amenazas de muerte. Estos hechos fueron oportunamente denunciados y se inició una causa penal cuyo trámite estuvo paralizado durante 15 años.
Los episodios de violencia se intensificaron en diciembre de 2016 cuando ella puso fin al vínculo y se fue a vivir con una de sus hijas y, finalmente, el 24 de marzo de 2017 la apuñaló. En ese episodio, también atacó a su hijo que intentó defenderla, y a vecinos y personal policial que intervinieron.
El Estado reconoció su responsabilidad internacional por el deficiente tratamiento judicial dado al caso y se comprometió a brindarle a la mujer una reparación pecuniaria, cuyo monto será fijado por un tribunal arbitral.
Además, se incluye un pedido público de disculpas y el apoyo interdisciplinario integral por parte de distintas dependencias estatales.
En el acuerdo, el Estado Argentino también se comprometió a elaborar y publicar un documento con «Principios Generales de Actuación», dirigido a los operadores del Poder Judicial de la Nación y al resto de los actores que intervienen en la gestión de denuncias de violencia de género, a fin de generar buenas prácticas en la atención de este tipo de casos.
Asimismo, capacitar a jueces y personal policial sobre el deber de prevenir, investigar y sancionar la violencia de género y sobre los efectos negativos que tienen los estereotipos de género en la tramitación de las denuncias; convocar a organismos con competencia en la atención de casos de violencia de género para la formulación de un protocolo de articulación institucional.
Por último, también deberá incluir la evaluación de conocimientos sobre cuestiones de género y violencia contra las mujeres en los concursos para cubrir cargos en el Poder Judicial de la Nación, y confeccionar un registro público de denuncias presentadas contra magistrados/as por situaciones vinculadas con violencia de género, en el que conste el trámite que se les imparte.
Fuente: Diario Judicial