29 Jun, 2020 | 0 Comentarios

Familiares de personas privadas de libertad se movilizaron a gobernación exigiendo el cumplimiento de sus derechos en La Plata

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Según el abogado que representa a las familias, Adrián Corvalán, hay alrededor de 15 mil detenidos y detenidas de la Provincia de Buenos Aires que, según la sentencias del Poder Judicial, han cumplido con más de dos tercios de la pena impuesta y reúnen los demás requisitos para poder salir bajo libertad condicional.

Con pañuelos blancos, barbijos y cumpliendo las medidas de distanciamiento social, familiares entregaron una serie de cartas detallando cada caso en particular. Casos que se encuentran dentro de las casi 15 mil personas en Provincia de Buenos Aires que “con pandemia o sin pandemia tendrían que estar en libertad”, así lo estableció Adrián Corvalán. Las cartas dirigidas al gobernador Axel Kicillof, exigen que el Estado tome notificación y decisiones al respecto.

Apenas declarado el aislamiento preventivo obligatorio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó analizar la prisión domiciliaria para personas detenidas que estuvieran dentro de grupos de riesgo. Además sugirió que se analicen la progresiones al régimen abierto para aquellas que se encontraban cerca de recibir el beneficio legal.

En Argentina, y en este caso particular de la Provincia de Buenos Aires, lo que sucedió fue lo contrario a lo recomendado por la CIDH. En casi todos los casos, salvo excepciones, se suspendieron los ingresos y egresos de la cárcel de las personas detenidas. En los casos donde por ejemplo la persona ya contaba con salidas transitorias, en vez de buscar una alternativa al aislamiento como podría ser la libertad condicional, los jueces, con el aval del Servicio Penitenciario Bonaerense, decidieron que esas personas continúen en contexto de encierro.

Este pedido tiene carácter de urgencia. Las condiciones en las cárceles vienen empeorando debido a que no están permitidas las visitas ni la recepción de productos, las cuales mayormente suplían las necesidades de alimentación e higiene básicas, que entre otros, son derechos vulnerados constantemente en las cárceles por el Estado.

La presentación de las cartas es la continuación de una serie de medidas de lucha que vienen tomando las mujeres y diversidades de la Unidad. A principios de mayo, por este motivo y por las condiciones de salubridad, realizaron una huelga de hambre.

“Queremos dirigirnos al gobernador Axel Kicillof y Ministro de Justicia Julio Alak a fin de ser escuchadas en nuestros reclamos. Somos personas que hoy sufren hacinamiento carcelarios, no solo nosotras sino los hombres también”, declararon desde la U33. Las mujeres y disidencias hicieron hincapié en que esta situación se profundizó con el gobierno macrista “que lo único que le importó es tener presos por estadísticas y se olvidó que somos seres humanos con derechos y garantías y que los jueces tienen derechos y obligaciones que cumplir”.

Describieron además, situaciones de desidia del servicio de sanidad penitenciaria, denunciando que no se atiende como corresponde a las personas enfermas. Esta situación, se suma al malestar ocasionado por el incumplimiento de los beneficios que les corresponden. “Donde hay una necesidad hay un derecho que defender”, fue el mensaje que dejaron las mujeres y disidencias de la U33 esperando que su lucha tenga respuestas.

La jornada finalizó remarcando la necesidad de una resolución a todos estos casos: “Entendemos que estamos en un momento crucial de la pandemia y por eso el reclamo es ahora, porque no sabemos cual va a ser el resultado, y cualquiera sea sabemos que es nefasto para quienes están privados de su libertad y ya cumplieron con lo que le pedía la sociedad, su condena”, subraya el abogado Adrián Corvalán.

La importancia de reclamar los derechos de las personas privadas de la libertad, sobre todo aquellas que pertenecen a grupos vulnerables y de riesgo, como así también aquellas que ya cumplieron con su condena resulta esencial por parte de las unidades carcelarias, ya que de lo contrario el Estado Nacional y Provincial responderá ante organismos internacionales.

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