En diálogo con La Despensa, Garba, artista cordobés e integrante de la Mesa Provincial de Teatro, señaló que la situación se agravó con la decisión del gobierno nacional de avanzar por decreto: «Lo que al principio era una amenaza que se intentó imponer en la Ley Bases, finalmente se hizo por decreto: desarmar el espíritu de la Ley 24.800, que es la Ley Nacional de Teatro, la que hizo posible la creación del Instituto como un ente autárquico, federal, participativo, pensado para los públicos y no para los artistas».
Garba remarcó que el INT garantizaba el acceso al teatro en todo el país, especialmente en las pequeñas localidades: «Era una posibilidad para que las personas puedan acceder a la cultura y al teatro tengan o no tengan dinero». Además, destacó que el Instituto contaba con un consejo con representación de cada provincia, lo que garantizaba decisiones federales, y que su financiamiento surgía de fondos asignados por ley provenientes de impuestos a la lotería o al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
Con la recentralización, afirmó, «pasa a ser una oficina en Buenos Aires que elige hacia dónde van las propuestas. Esto afecta mucho a Córdoba y más aún a los pueblos y parajes donde había salas subsidiadas por el Instituto, elencos que recorrían la provincia. Es como si hubiera dejado de pasar el tren».
Golpe al entramado teatral
Consultado sobre el impacto concreto de la medida, Garba indicó que la afectación no sólo alcanza a quienes trabajan en el INT, sino a todo el ecosistema teatral: «Ya venimos muy golpeados desde la pandemia. Ahora hay menos capacidad de producción, menos semillero, menos circulación. Hay salas que hoy no pueden pagar la luz o el alquiler. Los subsidios ayudaban a sostener infraestructura, programaciones, giras y creaciones».
En cuanto a cifras concretas, reconoció que todavía no se conocen los números exactos del impacto: «Se va a saber después, pero cada vez que se corta el apoyo arriba, también se corta abajo: los municipios enseguida te dicen que no tienen dinero, los festivales se cierran, las convocatorias se reducen, y queda todo en manos del privado».
La respuesta organizada
Frente al escenario adverso, la comunidad teatral impulsa diversas estrategias. «Tenemos varios frentes abiertos: por un lado, el legislativo. La Constitución es clara: una ley nacional no se puede suspender por decreto. El decreto es inconstitucional y la Ley Bases incorporaba un inciso que protegía a los entes culturales, algo que ahora no se está cumpliendo», explicó Garba.
También mencionó que en Córdoba la Mesa Provincial de Teatro convoca a una asamblea abierta de artistas para coordinar acciones y avanzar en la presentación de un recurso de amparo: «Estamos trabajando en eso porque no se está respetando la Ley 24.800».
Por último, remarcó la importancia de la visibilización pública: «Lamentablemente los medios no le dan mucha bolilla, pero es clave que la comunidad sepa que esto no es algo que perdemos sólo los artistas, lo pierde toda la sociedad. Muchos municipios ya repudiaron el decreto porque culturalmente era una herramienta que tenían, sobre todo en un trabajo muy federal que se venía fortaleciendo en la provincia».
Para Garba, el desguace del INT forma parte de una lógica más amplia: «El plan está pensado de una manera cruel, poner a competir problemas: el Garrahan, los jubilados, los remedios oncológicos. Entonces pareciera que perder el Instituto es un mal menor, pero la lucha es una sola: restaurar la ley y que la sociedad acompañe, porque estamos hablando del derecho de todos a la cultura».
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