El decreto de necesidad y urgencia (DNU) con el que el Gobierno nacional busca reformar de manera integral la Ley de Inteligencia ya genera un amplio rechazo político, jurídico y social. La iniciativa, que no será tratada previamente por el Congreso, es cuestionada por su posible inconstitucionalidad y por los cambios estructurales que introduce en un área especialmente sensible para la democracia, los derechos humanos y la división de poderes.
Según el borrador del decreto que trascendió en distintos medios, uno de los ejes centrales de la reforma es declarar como “encubiertas” todas las actividades del sistema de inteligencia. El artículo 2 establece que la totalidad de las tareas revisten ese carácter “en virtud de su sensibilidad”, con el argumento de reducir el denominado “Riesgo Estratégico Nacional”. Especialistas advierten que una definición tan amplia podría habilitar un nivel de opacidad total sobre el accionar estatal, debilitando los controles civiles y parlamentarios que la legislación vigente buscó fortalecer tras décadas de abusos.
Otro de los puntos más controvertidos es el artículo 19, que autoriza a los organismos de inteligencia a proveer su propia seguridad y a “repeler o hacer cesar” agresiones contra instalaciones, bienes, personal, operaciones o información. Esta facultad podría ejercerse tanto en sedes oficiales como durante desplazamientos o en cualquier lugar donde se desarrollen actividades de inteligencia, incluso de forma circunstancial. Para diversos juristas, la redacción amplía de hecho el uso de la fuerza sin los controles propios de las fuerzas de seguridad.
El aspecto que concentra mayor nivel de críticas es la habilitación explícita para que agentes de inteligencia realicen aprehensiones. El texto prevé que, en el marco de actividades de inteligencia, requerimientos judiciales o delitos en flagrancia, el personal pueda detener personas, dando aviso posterior a las fuerzas de seguridad. Este punto contradice el marco legal vigente, que separa de manera estricta las funciones de inteligencia de las tareas policiales y judiciales.
Desde distintos sectores se advierte que permitir detenciones por parte de agentes de inteligencia vulnera garantías constitucionales básicas como el debido proceso, el derecho a la defensa y el principio de legalidad. Además, reinstala prácticas que la legislación democrática intentó erradicar luego del uso político y la persecución ilegal ejercida históricamente por los servicios de inteligencia.
La reforma también introduce una profunda reestructuración del sistema. Entre otros cambios, crea el Centro Nacional de Ciberseguridad como organismo descentralizado bajo la órbita de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, dependiente de la Jefatura de Gabinete. A su vez, redefine nombres y funciones de distintas áreas y concentra la designación de autoridades en el Secretario de Inteligencia, Cristian Auguadra.
El interbloque Unidos, que reúne a diputados de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal, emitió un comunicado en el que expresó su rechazo al DNU y exigió restablecer el control parlamentario. “No existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso”, señalaron, y reclamaron la inmediata conformación de las comisiones bicamerales de control de los servicios de inteligencia y de los DNU.
En la misma línea, alertaron que el decreto extiende la contrainteligencia a todo el sector público nacional, lo que podría habilitar prácticas de vigilancia sobre áreas y trabajadores ajenos a tareas sensibles. También advirtieron que se avanza hacia un esquema de inteligencia “más opaco, más concentrado y menos controlado”.
Las críticas se sumaron desde la oposición. El diputado nacional Agustín Rossi afirmó que el DNU “fortalece la idea de un Estado represor” y convierte a los servicios de inteligencia en una “policía secreta”. Para Rossi, el decreto rompe equilibrios institucionales, habilita la participación de fuerzas armadas en tareas internas y debilita los controles democráticos.
La reforma no solo vulnera la Constitución Nacional al ampliar facultades represivas por decreto, sino que también debilita los mecanismos de control civil sobre los servicios de inteligencia. En un contexto de ajuste institucional y concentración de poder, la iniciativa reabre un debate sensible: hasta dónde puede avanzar el Estado en nombre de la seguridad sin poner en riesgo las libertades democráticas.
