«El Gobierno había anunciado que se podrían hacer operaciones de hasta 100 mil dólares y que no se preguntaría de dónde surgía la plata, e incluso luego era sin límites de cifras», explicó el economista. Sin embargo, anunció que la legislación vigente impide eso para que justamente no se utilice dinero proveniente de negocios ilegales.
Por ese motivo, afirmó que el Gobierno «relajará los controles de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)», y no preguntará de dónde surge el dinero. Mientras tanto, indicó que tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que se encarga de combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, le dicen al gobierno libertario «vas mal por ahí».
Con respecto a esta situación, González Olguín dijo que «los bancos expresaron su preocupación, ya que si deben hacer transferencias hacia afuera, en el exterior sospecharán de dónde viene el dinero». El economista consideró que «el Gobierno está desesperado en conseguir dólares debido a la política de mantener artificialmente el tipo de cambio, lo que ha llevado a una balanza comercial negativa».
El docente universitario analizó también que a pesar del financiamiento que llegó desde el FMI, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), «las reservas siguen cayendo, ya que los productos importados están muy baratos y eso hace que crezcan las importaciones y se pierdan dólares».
«De acá a fin de año el Gobierno debe pagar 9200 millones de dólares, y encima se sigue endeudando cada vez más», explicó. Pero se refirió también a la necesidad de las empresas privadas de importar, lo que implica 10700 millones de dólares más. «Con una balanza comercial como la actual es imposible poder lograr esa cifra», consideró.
Por otra parte, González Olguín se refirió al derecho de huelga y a la intención del Gobierno de limitarlo a través de un reciente decreto. «Un autor liberal como Adam Smith ya afirmaba que la relación entre el trabajador y el patrón era inequitativa», indicó. El economista dijo que la restricción del derecho a huelga ya se había intentado mediante la llamada Ley Bases.
«El decreto viola derechos de la Constitución Nacional, convenios con la Organización Mundial del Comercio, con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y Culturales y la Convención Americana de Derechos Humanos», enumeró.
Para finalizar, habló refiriéndose a que «si los salarios continúan cayendo, cae la demanda y cae la actividad económica, entrando en recesión».
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