Este martes 10 de junio, una numerosa representación del movimiento obrero cordobés se reunió en la Unicameral con los legisladores Facundo Torres y Nadia Fernández, presidente provisorio y vicepresidenta del cuerpo legislativo, respectivamente, para manifestar un rechazo contundente a los proyectos que buscan regular la protesta social en la provincia.
La audiencia, solicitada de forma formal por los gremios, tuvo como eje central el impacto que estas iniciativas podrían tener sobre los derechos de las y los trabajadores, especialmente en un contexto de ajuste, despidos y precarización laboral.
Desde la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), su secretario general, Roberto Cristalli, valoró el inicio del diálogo con los legisladores, pero fue tajante: “No permitiremos que se avance en una legislación que va en contra de la capacidad de organización y movilización de las y los trabajadores”.
Además, Cristalli convocó a la unidad de todos los sectores en defensa de la educación pública, la salud y los derechos previsionales. También reclamó el fin del diferimiento de los haberes y la eliminación del Artículo 58, que reduce jubilaciones por doble beneficio.
Durante el encuentro, los legisladores presentes aclararon que el polémico “protocolo antipiquetes” impulsado por el Gobierno Nacional a través de la ministra Patricia Bullrich no será replicado en Córdoba. Sin embargo, esta afirmación contrastó con expresiones recientes del ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, quien había deslizado su intención de avanzar con una versión local.
Torres y Fernández aseguraron que cualquier tratamiento legislativo sobre el tema se realizará con participación y consenso de las organizaciones sindicales. En esa línea, se resolvió la conformación de una mesa de diálogo permanente con participación gremial en las comisiones donde se analicen proyectos vinculados a derechos laborales y sociales.
Por su parte, el Movimiento Obrero Peronista de Córdoba, que agrupa a más de 20 sindicatos, difundió un comunicado en el que denunció el intento de cercenar derechos constitucionales a través de normas restrictivas. En el texto, citan a organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a Relatores de la ONU, que consideran a la protesta como parte esencial del ejercicio democrático.
“El derecho de reunión pacífica no debe interpretarse de forma restrictiva. La protesta es particularmente relevante para amplificar las voces marginadas o que plantean mensajes alternativos a los intereses establecidos”, señala el documento.
En ese marco, los gremios cuestionaron el proyecto impulsado por la legisladora Fernández y reafirmaron que “la Legislatura debería apuntar a legislar sobre las causas de la protesta, no sobre sus formas”.
El comunicado fue firmado por SEP, UEPC, AGEPJ, SMATA, SADOP, UOCRA, UTEDYC, AMET, Casinos, Farmacia, Federación de Municipales, y otros más de 20 gremios que integran el arco sindical cordobés.
