Ezequiel Morcillo, referente de La Bancaria, denunció que la aplicación de la Ley 1187 eleva los aportes previsionales hasta un 26%, afectando severamente los salarios en un contexto de nulo diálogo con el Gobierno provincial.
Desde hace varios días, una carpa de protesta itinerante se ha convertido en el epicentro del reclamo de diversos gremios estatales frente a los tribunales y plazas de Córdoba. El conflicto escaló tras la aprobación de la Ley 1187, la cual establece una escala de aportes adicionales que van del 2% al 8%. Según explicó Morcillo, para los trabajadores bancarios y de otros sectores como Luz y Fuerza y Judiciales, esto implica que el aporte jubilatorio pase del 18% al 26%.
La dirigencia gremial califica esta medida como confiscatoria, señalando que un trabajador que aporta el 26% y además está alcanzado por el Impuesto a las Ganancias termina cediendo cerca del 50% de su salario. Morcillo sostuvo que el déficit de la Caja es producto de 30 años de intervención y desmanejos políticos, y cuestionó que ahora se pretenda que los trabajadores financien con sus sueldos la diferencia de los regímenes especiales (salud, educación y seguridad), la cual debería cubrirse con rentas generales.
La protesta, que cuenta con el apoyo de sindicatos como la UEPC, Luz y Fuerza, Judiciales, Bancarios y viales, ha enfrentado momentos de tensión debido a intentos de desalojo por parte de la policía y la justicia. A pesar de la presión, los manifestantes aseguran que no han recibido ninguna invitación al diálogo por parte del Ejecutivo provincial. La «carpa bancaria» se mantendrá con actividades y plenarios hasta el viernes, día en que los gremios definirán cómo continuará el plan de lucha y la realización de una marcha provincial.
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