En estos momentos se está gestando una ola de huelgas de hambre en varias de nuestras cárceles de la provincia.
Las razones son varias, pero en la consigna general: que el Estado deje de mirar a un costado con la cuestión carcelaria de una vez por todas.
Gonzalo Alba escribe desde su muro de Facebook: «Yo no soy la voz cantante del colectivo privado de su libertad, pero como docente en cárceles y abogado penalista, quiero poner de manifiesto algunas cuestiones que me constan y de las que me hago completamente cargo de decir.«
Desde el 2000 a la fecha, ha habido un ascenso desenfrenado del uso de la prisión que trae como resultado: hacinamiento, tortura, vejaciones, dolor, mucho dolor, y muertes.
¿El único responsable? El ESTADO. Veamos.
-Poder Legislativo
Diferentes paquetes de leyes, que han reducido considerablemente los supuestos en los cuales una persona penada pueda reinsertarse –previo al cumplimiento total de la condena- en el medio libre. Por otro lado, limitaciones legislativas también en los supuestos para otorgar una excarcelación en todos aquellos procesados sometidos por ante la justicia penal.
-Poder Ejecutivo
Discursos y políticas regresivas en materia de encarcelamiento y derechos humanos de personas privadas de su libertad por parte de las diferentes gestiones a cargo de los ministerios tanto de seguridad como de justicia y “derechos humanos”. Desfinanciamiento y corrupción dentro de la órbita Servicio Penitenciario Provincial y, en consecuencia, del tratamiento correcto de los internos en miras a la resocialización como el ideal y ÚNICO elemento legitimante de la pena privativa de la libertad.
Insuficiencia de obras al efecto y nula puesta en marcha de planes para sanear la cuestión que viene de arrastre y ha tenido un gran llamado de atención con el Fallo Verbitsky (2005).
-Poder Judicial
Desmesurado dictado de prisiones preventivas como producto de la sumatoria de:
1) ministerio publico irresponsable en la labor de solicitar encarcelar preventivamente, valiéndose de la coyuntura y hartazgo social con la delincuencia común para materializar el mas atroz de los atropellos a los derechos de una persona como quitarle la libertad;
2) jueces de garantías con análisis muy flacos sobre la prueba y apoyados en el discurso de odio social hacia los sectores mas desfavorecidos -clientes mas frecuentes del sistema penal-, anulando toda mirada a la constitución nacional;
3) cámaras departamentales confirmando resolutorios que legitiman y fomentan el uso desmesurado del instituto de la privación de libertad cautelar;
Escaso uso de mecanismos alternativos a la prisión, tales como prisión domiciliaria con o sin monitoreo, probation, condena de ejecución condicional, etc.
Casi nula sensibilidad de los juzgados de ejecución penal negando en un 80% las solicitudes de los privados de su libertad para obtener egresos transitorios como marca la ley, respetando el principio de PROGRESIVIDAD de la pena que ordena que, en honor a tal, el sujeto debe tener determinados roces con el medio social previo al cumplimiento de su condena.
Esto es solo un reduccionismo propio de un comunicado por la vía que aquí nos toca. Conozco de muchas personas en los tres poderes del estado mencionado que dan la lucha día a día poniéndole el pecho a la situación y con perspectiva de derechos humanos. Pero, lamentablemente, las lapiceras y los sellos siguen en manos de personas a quienes la dignidad de la función publica suele quedarles bastante grande.
Responsabilizo al ESTADO –en sus 3 poderes- de la crisis en materia carcelaria que padece la Provincia de Buenos Aires que ya no se agota en darnos 2 o 3 muertos por semana, torturas, y humillaciones; sino que ahora, en un mes caliente como DICIEMBRE para los privados de su libertad, motivó una HUELGA que será o no el medio idóneo pero no deja de ser una muestra del desprecio en la materia, que no puede seguir.
Por eso, acompaño el reclamo y digo: BASTA DE HACINAMIENTO, TORTURAS y MUERTE.
*Fuente: Muro fbk Gonzalo Alba.
*foto ilustrativa