El fiscal federal Enrique Senestrari imputó a la exdecana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Mariela Parisi, por los delitos de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La resolución ya fue remitida al Juzgado Federal N° 3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien deberá definir en los próximos días la fecha para la indagatoria. La investigación se abrió a partir de una denuncia presentada en febrero por Lucas Valdéz, quien aportó documentación y referencias sobre supuestas irregularidades en la gestión de Parisi, muchas de las cuales habían sido difundidas en el portal Striptease del Poder.
Según la denuncia, durante la conducción de la facultad se habrían registrado gastos personales cargados a la institución, viajes al exterior con viáticos excesivos y sin justificación suficiente, contrataciones directas de familiares cercanos —incluidos su esposo y su hija— y adquisiciones de bienes y servicios sin cumplir con los mecanismos de licitación establecidos. Entre los puntos cuestionados también figuran comprobantes de cargas de combustible y de estacionamientos que no identificaban patente alguna, lo que impidió constatar si los consumos estaban vinculados con vehículos oficiales. Asimismo, se detectaron resoluciones internas que autorizaban gastos sin detallar los montos, lo que dificultó el control sobre la ejecución presupuestaria.
El fiscal Senestrari puso especial atención en los viajes internacionales realizados a países como Ecuador y Costa Rica, algunos de los cuales carecían de autorización previa y fueron regularizados mediante reintegros posteriores. Estas prácticas, para la investigación, constituyen un patrón de manejo irregular de los recursos públicos y generan sospechas sobre la transparencia en la rendición de cuentas de la gestión. Otra de las observaciones relevantes surgió de la compra de equipos tecnológicos y pasajes a un docente allegado a la exdecana, quien además era dueño de una agencia de viajes. Estas operaciones se realizaron por montos millonarios y sin los procesos de licitación correspondientes, lo que podría configurar un favorecimiento indebido.
La auditoría contable que se sumó al expediente concluyó que “en determinados gastos no se cumplimentaron las disposiciones legales vigentes”, poniendo de manifiesto la precariedad administrativa de la gestión de Parisi. El conjunto de irregularidades detectadas motivó que la fiscalía impulsara la imputación bajo la hipótesis de un uso indebido de fondos públicos y un incumplimiento de las normas básicas de control que rigen en la administración universitaria.
Por su parte, la exdecana rechazó las acusaciones y negó haber cometido delitos. En su descargo argumentó que las observaciones realizadas por la auditoría eran de forma y no de fondo, lo que a su criterio descarta la figura de malversación. Sostuvo además que algunas compras se efectuaron con fondos personales en situaciones de urgencia, lo que explicaría la falta de comprobantes oficiales en determinados casos. Sobre las contrataciones de familiares, remarcó que los cursos de extensión de la facultad no requerían necesariamente contar con título habilitante y que esas contrataciones respondieron a necesidades específicas de la oferta académica. En cuanto a los viajes, Parisi explicó que muchas veces las demoras en los trámites administrativos hicieron imposible contar con la autorización previa, por lo que se avanzaba con las actividades programadas y luego se gestionaban los reintegros correspondientes.
El Juzgado Federal N° 3 deberá ahora avanzar en la instrucción y definir la citación a indagatoria, instancia en la que Parisi podrá ejercer su defensa de manera formal.
