La Fiscalía de Instrucción del Distrito I turno 6 de Córdoba, a cargo del fiscal José Bringas, imputó a un hombre como presunto autor del delito de “amenazas calificadas” contra María Soledad Laciar, madre de Valentino Blas Correas, el joven asesinado en 2020 por efectivos de la Policía durante un control vehicular en la capital provincial.
Según precisó el Ministerio Público Fiscal (MPF), la investigación comenzó luego de que Laciar denunciara haber recibido mensajes intimidatorios a través de la red social Instagram. El hecho ocurrió el 6 de octubre y generó una rápida respuesta de las autoridades judiciales, que iniciaron diligencias para determinar la autenticidad, el origen y la autoría de las amenazas.
Desde el MPF detallaron que la investigación avanzó con el trabajo conjunto de diferentes organismos, entre ellos la Dirección Nacional de Migraciones y equipos técnicos de la Policía Judicial, quienes aportaron recursos tecnológicos especializados para rastrear los mensajes. La colaboración entre estas dependencias permitió identificar domicilios vinculados al caso y avanzar con medidas procesales urgentes.
En la madrugada del martes, personal judicial y policial llevó a cabo allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad de Córdoba. Los operativos estuvieron encabezados por personal civil de la Brigada de Investigaciones, bajo la supervisión del Oficial Subinspector Sergio Facundo Regino, y contaron con la participación del Equipo de Tácticas Especiales Recomendadas (ETER) y de la Sección Cibercrimen (GGIA), perteneciente a la Dirección de Investigación Operativa de la Policía Judicial.
Durante los procedimientos, los agentes secuestraron un teléfono celular y realizaron la previsualización y extracción inmediata de información relevante desde otros cuatro dispositivos móviles. Estas tareas se efectuaron utilizando la herramienta tecnológica denominada CAPTA (Captura Ágil de Prueba Técnica Auditable), desarrollada por la Policía Judicial de Córdoba. Este sistema permite realizar una obtención de datos forense de manera segura, validada y auditable, garantizando la trazabilidad de las pruebas digitales obtenidas.
El material recolectado será analizado por especialistas en informática forense, con el objetivo de determinar la vinculación entre el imputado y los mensajes amenazantes, así como establecer si hubo otras personas involucradas en la acción. Por el momento, el acusado fue notificado de la imputación por el delito de amenazas calificadas, previsto en el artículo 149 bis del Código Penal argentino, y continúa bajo investigación.
Desde el Ministerio Público Fiscal destacaron que las medidas adoptadas “ponen de manifiesto el compromiso de la Justicia cordobesa de actuar con rapidez y rigor frente a los hechos de violencia, especialmente aquellos que tienen como víctimas a personas que reclaman verdad y justicia”.
La víctima, María Soledad Laciar, se transformó en una referente pública tras la muerte de su hijo Blas Correas, ocurrida el 6 de agosto de 2020, cuando el adolescente de 17 años fue asesinado por un disparo policial durante un control vehicular en la ciudad de Córdoba. El caso conmocionó al país y derivó en una condena histórica en mayo de 2023, cuando dos efectivos fueron sentenciados a cadena perpetua por homicidio calificado y otros nueve recibieron penas menores por encubrimiento y omisión de deberes.
Desde entonces, Laciar ha mantenido una presencia activa en la búsqueda de justicia y en la denuncia de casos de violencia institucional y abusos policiales. Las amenazas recibidas días atrás generaron un fuerte repudio social y político, en especial por el simbolismo que tiene su figura dentro de la lucha por los derechos humanos y el control de las fuerzas de seguridad.
