Después de casi dos años de conflicto y reiterados paros, la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba (Agepj) logró un primer avance concreto: el gobernador Martín Llaryora autorizó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a sentarse a negociar una equiparación salarial progresiva con los sueldos que se pagan en la Justicia federal.
El cambio de postura del Ejecutivo llegó después de un clima de alta tensión, que incluyó cinco paros en apenas dos semanas, la reestructuración del escalafón provincial y la convocatoria a una mesa de diálogo desde la Secretaría de Trabajo.
En mayo, el TSJ había implementado una primera medida: la reestructuración del escalafón, que redujo las categorías a seis —igual que en la Justicia federal— y generó un aumento del 16,7% para los salarios más bajos. Sin embargo, los voceros judiciales advirtieron que ese ajuste era “la última mejora posible” ante la crisis económica.
El sindicato rechazó de plano esa afirmación y profundizó su plan de lucha, marcando el inicio de una nueva etapa de presión. Sin margen legal para dictar conciliación obligatoria, el secretario de Trabajo, Omar Sereno, habilitó un canal informal de negociación entre las partes.
Durante cuatro reuniones, el gremio fue tajante: no aceptarán nada que no sea la equiparación con los empleados judiciales federales, beneficio que, vale recordar, ya obtuvieron jueces y funcionarios provinciales desde 2012.
Aunque no hay anuncios oficiales, se filtró que el propio Llaryora mantuvo una reunión clave con el presidente del TSJ, Luis Angulo, en la que acordaron avanzar con la equiparación, aunque de forma gradual y sostenida.
Este martes, el TSJ presentará ante el gremio una primera propuesta formal, en un encuentro considerado clave. Desde el Ejecutivo admiten por primera vez que la equiparación es «indispensable», según reveló el diario La Voz del Interior.
El debate central se traslada ahora a dos preguntas prácticas:
- ¿Cómo se aplicará la equiparación?
- ¿Cuánto tiempo demandará?
Desde Agepj adelantaron que podrían aceptar una implementación por etapas, siempre que el cronograma no se estire indefinidamente.
Subas salariales mínimas y malestar en las bases
En paralelo a la negociación de fondo, el TSJ también confirmó los incrementos salariales de marzo y abril. El aumento del 2,5% dispuesto por la Corte Suprema ya fue acreditado, pero en la práctica fue casi imperceptible, ya que buena parte de ese porcentaje ya había sido adelantado por la Provincia (2,16%).
Para muchos empleados judiciales, el ajuste fue meramente simbólico. En abril, se espera un nuevo incremento del 2,2%, también ordenado por la Corte, aunque todavía no se definió la fecha de cobro.
Así, entre mejoras parciales, negociaciones en reserva y presión gremial, el camino hacia la equiparación salarial avanza. A paso lento, sí, pero con un respaldo político que por primera vez parece alineado con el reclamo de los trabajadores.
“La igualdad no puede seguir siendo una promesa aplazada”, sintetizan desde el gremio, que ahora espera que la voluntad política se traduzca en hechos concretos y plazos claros.
