Este viernes, en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba, ubicado sobre Hipólito Yrigoyen 670, los abogados Ernesto y Tristán Gavier presentarán la defensa de Suárez, Molina Herrera y el resto de los imputados.
El tribunal está presidido por Noel Costa e integrado por los jueces Carolina Prado y José Asís. Según marca el Código Procesal, una vez culminados los alegatos de este viernes, el veredicto deberá conocerse dentro de los próximos diez días.
Hace un mes, el fiscal Carlos Casas Nóblega oficializó su pedido de condenas. Solicitó la pena más alta para el exsecretario general Gabriel Suárez: 10 años de prisión, ocho de inhabilitación y una multa de $15,6 millones. Para el actual líder del gremio de Luz y Fuerza, Jorge Molina Herrera, reclamó nueve años y medio de cárcel, ocho de inhabilitación y sanciones económicas por $67,5 millones.
En el caso de Fernando Navarro —tesorero durante el período investigado y hoy secretario de Vivienda—, pidió nueve años y medio, ocho años de inhabilitación y una multa de $12,6 millones.
La lista de acusados es más amplia e incluye a Yanina Victoria Molina, para quien la fiscalía solicitó tres años; Daniel Edgardo Lozano (cinco años y medio); Roque Daniel Tapia; Alexis Daniel Fidelbo y José Ramón Galván, para estos últimos con un pedido de cinco años de prisión.
Tanto Suárez como Molina Herrera —junto a otros imputados— están representados por los hermanos Gavier. Hasta las elecciones gremiales de diciembre de 2023, ambos eran secretario General y Adjunto. Pero tras una ruptura interna, la Lista Celeste y Blanca, encabezada por Molina Herrera y Roque Tapia, ganó los comicios y desplazó a Suárez, quien terminó tercero.
La investigación, que supera los siete años, sostiene que Suárez, Molina Herrera y Navarro habrían comandado un mecanismo de desvío de recursos del Fondo Compensador de Jubilados y de la Obra Social. Para ello, se habrían emitido cheques a proveedores reales y ficticios.
Según el fiscal, los valores se cobraban mediante un entramado de endosos que dificultaba la trazabilidad. Esos documentos eran retirados en distintas sucursales bancarias —con la participación de empleados del gremio conocidos como “coleros”— por montos menores a $50.000, supuestamente para evitar alertas regulatorias. El daño económico, siempre según la acusación, superó los $215 millones para el Fondo Compensador y los $6 millones en perjuicio de la Obra Social.
Entre la evidencia recolectada figuran bienes de alto valor adquiridos por Suárez —desde propiedades hasta vehículos— que no corresponderían a sus ingresos declarados. En el caso de Molina Herrera, se detallan compras por unos $14 millones en fichas de casino, también sin justificación patrimonial.
En representación de trabajadores activos y pasivos, la abogada Mabel Sessa interviene en la parte del juicio que investiga los perjuicios a la obra social. “Ampliando la denuncia que hizo la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), denunciamos más cosas, aunque sólo participamos como querellantes por la parte de la obra social”, señaló a La Nueva Mañana.
“Trabajamos toda la prueba, de todos los delitos, presentamos el tema del Fondo Compensador, que es el que más afecta a los jubilados, con pruebas de cartas documentos hacia el Consejo Directivo. Además, hay una sentencia firme, de tiempos de Lorenzo Racero (ya fallecido), del 2005, la sentencia Ahumada, por una denuncia penal por el mismo desmanejo del Fondo Compensador”.
El expediente supera las 5.000 fojas. Incluye videos en los que se observa a Molina Herrera ingresando a casinos de Córdoba y Rosario, informes de Lotería y múltiples elementos que abarcan el período investigado (2011-2015). La querella destaca: “Molina Herrera no puede justificar haber jugado 13 millones y medio de pesos en fichas, si eso se lo actualiza por inflación es una cifra altísima, hay pruebas de la increíble cantidad de días que asistía a los casinos, por caso en un mes 41 veces”.
Sessa también expresó interrogantes sobre el rol del Ministerio de Trabajo de la Nación —hoy Secretaría— frente a numerosas presentaciones hechas por afiliados. A pesar de que la causa estaba en marcha, se sucedieron procesos electorales con participación de los imputados.
Sobre las víctimas directas, la abogada remarcó: “No están alegres por ser querellantes, es una tristeza infinita, en el sentido de ver que la institución esté en esta posición, porque no tiene nada que ver el sindicato, se juzga a personas que cumplieron o cumplen funciones en la institución”.
Con información de La Nueva Mañana.
