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Juicio Neonatal: la querella pedirá penas efectivas para todos los imputados

El abogado Carlos Nayi, representante de las familias de las víctimas, aseguró que los crímenes deben ser encuadrados como delitos de lesa humanidad y denunció la existencia de un pacto de silencio que involucraría a autoridades del hospital y del Estado provincial.

Este lunes continuó la ronda de alegatos en el juicio por la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal “Dr. Ramón Carrillo”, uno de los casos más estremecedores de la historia judicial de Córdoba. Carlos Nayi, abogado querellante que representa a familiares de las víctimas, anticipó que solicitará penas efectivas para todos los imputados, al considerar que los hechos deben leerse en clave de violencia institucional y como parte de una estructura que permitió la continuidad de los crímenes.

“El tribunal debe impartir justicia ejemplar. No sólo hubo una autora material. Todos mataron: una de manera directa y otros creando las condiciones para que siguiera ocurriendo lo que pasó”, expresó Nayi al término de la audiencia. El letrado se mostró en desacuerdo con la postura del Ministerio Público Fiscal (MPF), que la semana pasada solicitó prisión perpetua únicamente para Brenda Agüero, la enfermera acusada del asesinato de cinco recién nacidos y del intento de homicidio de otros ocho. Para el resto de los imputados –funcionarios del hospital y de la cartera sanitaria provincial–, el MPF pidió penas menores por omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento.

Según la querella, el accionar de las autoridades implicadas no puede ser tratado como simple negligencia. “Existió un pacto de silencio. Hubo alertas tempranas que no fueron atendidas, protocolos que no se activaron y decisiones deliberadas de no intervenir. Desde el Estado mismo se mató una y otra vez”, señaló Nayi, quien este martes presentará su alegato formal con los cargos específicos y las penas que solicitará para cada acusado.

Además, el abogado pidió que los hechos sean contextualizados como delitos de lesa humanidad. Argumentó que, si bien tradicionalmente estos delitos se asocian a crímenes cometidos en dictaduras, existe jurisprudencia nacional e internacional que permite su aplicación en situaciones donde el Estado, aún en democracia, actúa o deja actuar deliberadamente en contra de los derechos más elementales, como la vida y la integridad de los niños.

Un caso que conmocionó a la provincia

El caso del Neonatal salió a la luz en 2022, cuando comenzaron a investigarse una serie de muertes inexplicables de bebés nacidos sanos en el hospital público más importante de Córdoba en atención perinatal. A partir de las denuncias de profesionales del propio establecimiento y de las familias afectadas, se inició una causa judicial que rápidamente centró las sospechas en la actuación de una enfermera y en la pasividad de las autoridades para frenar los hechos.

Brenda Agüero, principal acusada, permanece detenida desde agosto de 2022 y enfrenta cargos por cinco homicidios calificados y ocho tentativas. Sin embargo, la investigación también alcanzó a exdirectivos del hospital y funcionarios del Ministerio de Salud provincial, quienes están acusados de haber omitido intencionalmente sus deberes al no frenar una serie de muertes que podían haberse evitado. Durante el juicio se analizó un entramado de decisiones burocráticas, cambios de funciones, informes internos y correos electrónicos que, para la querella, evidencian un nivel de encubrimiento institucional.

Delitos de lesa humanidad y violencia institucional

Nayi insistió en que los crímenes deben ser reconocidos como delitos de lesa humanidad por su sistematicidad y por la participación o connivencia del aparato estatal. “Esta tragedia no puede leerse de manera aislada. Hubo una cadena de responsabilidades que se activaron o se desactivaron en función de mantener la imagen institucional y evitar un escándalo, incluso a costa de nuevas muertes. Es la definición misma de violencia institucional”, remarcó.

El juicio oral y público, que se desarrolla ante la Cámara 8ª del Crimen de Córdoba, se encuentra en su etapa final. Tras la ronda de alegatos, se espera que el tribunal dicte sentencia en las próximas semanas. Las familias de las víctimas aguardan justicia con profundo dolor, pero también con la esperanza de que el fallo siente un precedente respecto de la responsabilidad del Estado en el cuidado de la vida de los más vulnerables.

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