El caso que sacudió al Servicio Penitenciario de Córdoba avanzó a una nueva etapa judicial. El fiscal Enrique Gavier dispuso que una parte de la investigación llegue a juicio, con el exjefe de la cárcel de Bouwer, Sergio Guzmán, entre los principales acusados.
La pesquisa reveló un entramado en el que, presuntamente, se exigían pagos ilegales a internos y familiares a cambio de beneficios dentro del establecimiento carcelario. Esta práctica, de comprobarse, configuraría un esquema sistemático de corrupción que habría operado durante años en la provincia.
Junto a Guzmán, fueron enviados a juicio tres abogados y dos civiles, señalados por integrar la presunta asociación ilícita. Según la acusación, cada uno tenía un rol definido para garantizar el funcionamiento de la maniobra.
Se trata de la primera parte de una causa de corrupción que sacude al sistema penitenciario provincial y que ahora llega a los tribunales.
