Tras un amparo colectivo, un juez federal de Campana dictaminó la reglamentación de la ley, que se encontraba suspendida; sin embargo, advierten que la medida es mínima y deja derechos fundamentales sin operatividad.
La situación de la emergencia en discapacidad ha dado un giro judicial significativo. Según explicó la abogada especialista Natalia Chavarri en Radio La Ranchada, la reciente reglamentación de la ley de discapacidad no surgió por una iniciativa política del Poder Ejecutivo, sino por una orden judicial de un juez federal de Campana. Hasta este fallo, la normativa se encontraba suspendida debido a que el presidente no había avanzado en su reglamentación, lo que impedía su implementación efectiva.
A pesar de que el Estado ha apelado la decisión, Chavarri aclaró que dicho recurso no tiene efecto suspensivo, por lo que la ley de discapacidad está vigente y debe aplicarse de manera inmediata. No obstante, la especialista calificó la reglamentación actual como «mínima y defensiva», señalando que no es tan amplia como otras leyes de protección, como por ejemplo la de defensa del consumidor.
El principal reclamo radica en que existen numerosos artículos que aún no han sido reglamentados, lo que en la práctica significa que muchos derechos no son operativos y no pueden hacerse valer. Por último, la abogada enfatizó en la necesidad de continuar la lucha para que la reglamentación sea eficaz y efectiva en las calles y no solo una declaración mediática.
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