A casi un año del fallecimiento del joven de 22 años, su familia denuncia graves irregularidades en la investigación, torturas y encubrimiento por parte de la Policía de Río Negro tras una detención en circunstancias confusas.,
El 9 de febrero de 2025, Ramiro Dina, oriundo de Carmen de Patagones, asistió a un partido de fútbol en una cancha ubicada sobre la ruta en la provincia de Río Negro. Según el testimonio de su hermana, Leonela Dina, el joven se retiró del lugar caminando y corriendo bajo un calor de 40 grados. En el trayecto, vecinos de la zona lo consideraron «sospechoso» y dieron aviso a las autoridades, lo que derivó en su detención por parte de ocho policías en dos patrulleros a la altura del kilómetro 9.
Existe una brecha crítica de aproximadamente 40 minutos desde su aprehensión hasta que el joven apareció golpeado y sin vida en la puerta de la Comisaría 30. Aunque la versión policial intentó instalar que Ramiro estaba robando o que se autolesionaba golpeando su cabeza contra las paredes, la familia desmiente categóricamente estos hechos, señalando que no se secuestró ningún objeto robado y que la escena en la comisaría fue de total hermetismo.
La autopsia inicial, que el fiscal comunicó como «nada grave», contrastó brutalmente con lo que la familia vio al reconocer el cuerpo: «Ramiro estaba totalmente desfigurado, con el rostro irreconocible, con más de 50 marcas de golpes en el cuerpo y señales de haber sido esposado tanto de pies como de manos» afirma Leonela en comunicación con La Ranchada. Ante lo que consideran un claro caso de violencia institucional, la familia se constituyó como querellante en la causa.
Actualmente, tras haber logrado que los efectivos involucrados fueran apartados de esa comisaría específica (aunque denuncian que siguen prestando servicio en otras dependencias), la familia espera los resultados de impugnaciones a las pericias médicas. El objetivo es que peritos de la Corte Suprema de la Nación revisen el caso para evitar que la muerte de Ramiro quede en la impunidad, en una región donde, aseguran, ya existen varios antecedentes de abuso policial.
