La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) lanzó una fuerte advertencia sobre la crisis que atraviesa el sector y llamó a implementar un “plan federal de trabajo con horizonte de 20 años” para revertir la parálisis actual. El planteo se realizó durante la reunión del Consejo Federal celebrada en la ciudad entrerriana de Paraná, donde representantes de todo el país debatieron sobre la situación de la actividad y su impacto en la economía nacional. Desde la entidad se subrayó la importancia de la construcción dentro del “desarrollo integral” de la Argentina y su rol como motor de inclusión, progreso y equidad. “Reafirmamos nuestro compromiso con el país, con sus instituciones, con sus trabajadores y con cada argentino que espera que la infraestructura sea una herramienta de inclusión, progreso y equidad. La construcción no es solo una actividad económica: es una expresión concreta de la voluntad de creer, de proyectar futuro y de construir sociedad”, destacó Camarco en un comunicado difundido tras el encuentro.
El diagnóstico del sector es contundente: el freno en las obras públicas por parte del Gobierno nacional “genera pérdidas económicas, frena servicios esenciales, compromete la competitividad y aumenta la deuda de infraestructura”. A esto se suma que la construcción privada “también está paralizada”, lo que genera un fuerte impacto sobre el empleo y la economía en general. “Cuando la construcción se detiene, se resiente todo el entramado productivo”, advirtieron los representantes de la cámara al hacer hincapié en que cada obra pública o privada moviliza una amplia cadena de proveedores, oficios y servicios conexos que dinamizan la actividad económica.
La entidad también puso el foco en la falta de inversión en infraestructura, al señalar que “agrava la deuda de infraestructura” y se traduce en rutas deterioradas, energía obsoleta y puertos sin modernización. Según el comunicado, “este déficit eleva el costo argentino, resta competitividad, limita el desarrollo regional y compromete el futuro productivo”. La infraestructura social, como viviendas, hospitales, escuelas, agua y saneamiento, fue calificada como esencial para garantizar derechos y dinamizar la economía. Sin embargo, remarcaron que no se han solucionado los contratos frenados ni las deudas del Estado con las empresas por proyectos ya ejecutados, lo que a su vez profundiza la crisis de confianza y liquidez en el sector.
En su planteo, Camarco hizo un “llamado al diálogo y a la acción” con el objetivo de “construir consensos que permitan recuperar la senda del desarrollo”. La cámara presentó un plan de infraestructura para los próximos 20 años que incluye una serie de medidas orientadas a reactivar la actividad y generar previsibilidad en un sector que emplea a cientos de miles de trabajadores en todo el país. Entre los puntos destacados del plan se encuentran reactivar las obras paralizadas que tengan un avance significativo, reconocer la deuda que poseen los organismos del Estado con las empresas constructoras, armar un plan federal de infraestructura con horizonte a largo plazo, crear mecanismos mixtos de financiamiento que permitan mayor participación del sector privado, fomentar herramientas que promuevan el desarrollo inmobiliario y faciliten la ampliación de los créditos hipotecarios, crear políticas de transparencia y eficiencia en la ejecución de obras, fortalecer las capacidades técnicas de los gobiernos locales y promover el empleo formal junto con la capacitación en oficios vinculados a la construcción.
La advertencia de Camarco se da en un contexto económico y político donde la inversión en obra pública cayó drásticamente y donde los proyectos privados enfrentan dificultades para financiarse. Para la cámara, sin un plan de largo plazo que genere certidumbre y consensos, será difícil recuperar el dinamismo del sector y su papel clave en la generación de empleo y competitividad.
