La tensión entre el Gobierno y el movimiento sindical continúa escalando. Este jueves, Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT, se reunió en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Defensa, Luis Petri, en un encuentro que abordó dos temas centrales: los cambios en el sistema de prestaciones del Hospital Naval y la reciente ofensiva oficial contra el derecho a huelga.
La central obrera confirmó que acudirá a la Justicia para frenar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, publicado el miércoles pasado en el Boletín Oficial, por el cual el Gobierno amplió las actividades consideradas esenciales y fijó topes mínimos de funcionamiento durante conflictos sindicales, con el argumento de asegurar la prestación de servicios.
“Reiteran lo mismo que en el DNU 70, donde se pretendía cercenar el derecho de huelga de muchas actividades. Esto ya fue rechazado por un fallo firme”, afirmó Daer ante la prensa tras la reunión. Y agregó: “Entre lunes y martes estaremos actuando en la Justicia. Estamos seguros de que se va a sostener lo que ya predijeron los tribunales en primera y segunda instancia”.
Además de Daer, el líder de la UOCRA, Gerardo Martínez, mantuvo una reunión con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La preocupación principal: el freno de la obra pública, que pone en riesgo miles de puestos de trabajo en el sector de la construcción.
Martínez, que viene reclamando el traspaso de los proyectos del plan PROCREAR a las provincias, busca alternativas para sostener la actividad en medio del ajuste implementado por el Gobierno nacional. La paralización de obras públicas ha generado una caída abrupta en el empleo del rubro y un fuerte impacto en las economías regionales.
El conflicto por el DNU 340
El DNU 340/25 establece que en caso de paro, los servicios esenciales deberán garantizar al menos el 75% de su funcionamiento, y en actividades de “importancia trascendental”, el 50%. Además de la salud y el transporte, ahora se consideran esenciales sectores como la educación, telecomunicaciones, transporte de personas y cargas, y servicios de comercio exterior, entre otros.
Desde la CGT y otros gremios sostienen que esta norma vulnera el derecho constitucional a huelga y constituye una nueva avanzada autoritaria del Ejecutivo. Aseguran, además, que el decreto intenta reinstalar aspectos del DNU 70/23, ya declarado inconstitucional por la Justicia laboral.
Consultado por la intención del Gobierno de imponer un tope del 1% en las negociaciones salariales, Daer fue tajante: “Pretenden consolidar un modelo que ajuste por salario y restrinja derechos. Pero nosotros vamos a defender las paritarias libres y los derechos conquistados”.
En medio de una crisis económica profunda, la postura del Gobierno de ajustar salarios por debajo de la inflación suma tensiones a un escenario ya marcado por despidos en el Estado, recortes presupuestarios y creciente conflictividad social.
Camino judicial y alerta gremial
Desde la CGT señalaron que no permitirán que se impongan por decreto limitaciones a la protesta social, y reiteraron que el nuevo DNU será judicializado en los próximos días.
Las centrales sindicales mantienen el estado de alerta y no descartan nuevas medidas de fuerza si el Gobierno no da marcha atrás con la iniciativa. Con las paritarias congeladas, los derechos en disputa y el empleo amenazado, el conflicto entre el Ejecutivo y el movimiento obrero entra en una etapa decisiva.
