Alejandro Brusa, abogado de la comunidad comechingona Pluma Blanca, explica el ingreso violento al territorio de la comunidad Comechingona “Pluma Blanca”, usurpando una de las viviendas de la familia López y desplegando armas blancas y amenazas de muerte hacia las y los miembros de la comunidad.
«Es triste noticia que hace más de 500 años se sostiene y se sigue perpretando en los diversos niveles del Estado»
En un comunicado oficial, se explicó la situación: «Ante esto y desde la Comunidad realizaron llamados a la policía de Salsipuedes para denunciar la situación. Y ante la inacción de las fuerzas de seguridad, que deberían cuidar a la población, terminaron apersonándose para concretar la denuncia. Allí, en la comisaría, la autoridad de la comunidad, Carlos López, fue maltratado y discriminado por parte de los uniformados que rigen la seguridad social, solicitando un estudio de ADN para demostrar que era indígena, totalmente anticonsticonstitucional y contrario a leyes nacionales e internacionales, lo que muestra un total desconocimiento o mala intención por parte de las autoridades actuantes»
«Cuando nos acercamos a dialogar se dio una escena de violencia y prepotencia de quienes usurparon las tierras», cuenta Brusa. Las casas usurpadas por las personas, según el abogado responde a intereses inmobiliarios, y que tienen un «pedido» violento, siempre portando armas, por detrás.
«Lo mismo sucedió con Julia Martha Ceballos, representante ante el Consejo Provincial Indígena (CPI) ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), quien acompañó al Nawan de “Pluma Blanca”. Contra ella la policía esgrimió insultos e improperios, lo que da cuenta no solo de la falta de conocimiento sobre su autoridad y cargo, sino de la poca preparación que tiene la policía de Córdoba acerca del derecho indígena (sancionado en varias normativas constitucionales) y cuál es su rol ante conflictos como éste», agregaron.
Hacemos responsables a la COMISARIA DE SALSIPUEDES, Y LA UNIDAD JUDICIAL DE JESUS MARIA por la integridad física de los miembros de la comunidad, sus animales como recursos productivos de la familia y la paz del territorio, habiéndose actuado de manera negligente, discriminatoria y alejada a las medidas de seguridad que deberían garantizar como operadores del Estado.