Así lo explicó Ana Morillo, coordinadora del área de salud de Católicas por el Derecho a Decidir, quien remarcó que el fallo “se demoró más de cinco años” pero que finalmente “sienta un precedente muy importante porque es el primer fallo que reconoce la responsabilidad institucional en la vulneración de derechos”.
Según detalló, la denuncia inicial fue presentada por dos mujeres, aunque luego se sumaron otras que atravesaron situaciones similares. “Les rechazaban el pedido, les ponían obstáculos o dilataban la resolución cuando solicitaban la ligadura de trompas”, señaló Morillo.
El fallo no solo responsabiliza al hospital, sino que también alcanza al Ministerio de Salud como organismo de contralor. En ese sentido, la sentencia ordena a la institución sanitaria “capacitarse, generar dispositivos de accesibilidad, revisar cuántas mujeres solicitan la ligadura y cuántas efectivamente logran resolver su demanda”.
Morillo explicó que muchas de las situaciones de vulneración llegaban a los centros de salud municipales, donde los equipos recibían relatos de mujeres a quienes se les negaba el acceso al derecho. “Les decían que eran jóvenes o les exigían requisitos absurdos, como una carta escrita por la pareja avalando el pedido de ligadura tubaria”, afirmó, y calificó esas prácticas como “una locura”.
La referente recordó que, en ese momento, las decisiones estaban centralizadas en el jefe del servicio del hospital, el médico Francisco Crespo Roca, quien luego fue pasado a retiro. Sin embargo, subrayó que el problema excedía a una sola persona. “Había un entramado institucional que reproducía estas prácticas. Por eso insistimos en que la Justicia se refiera a la dimensión estructural de esta violencia, que está anclada en instituciones que reproducen estigmas y prácticas opresivas”, sostuvo.
Tras la denuncia, se produjeron algunos cambios en el hospital, como la implementación de los llamados “turnos cápsula”, que permiten que las mujeres realicen en una sola visita las entrevistas necesarias y accedan más rápidamente a la práctica quirúrgica. No obstante, Morillo advirtió que, aun después de esas modificaciones, continuaron registrándose nuevos casos, lo que motivó la ampliación de la denuncia.
“Sin dudas hubo cambios, pero lo importante es revisar la cultura institucional que genera barreras al acceso a derechos”, afirmó. En ese sentido, planteó la necesidad de que los hospitales públicos cuenten con dispositivos específicos que evalúen el acceso a la justicia en salud, y puso como ejemplo la experiencia de La Rioja, donde existen oficinas de acceso a la justicia en salud visibles para toda la comunidad.
Finalmente, Morillo destacó la importancia de incorporar de manera transversal la perspectiva de género en las prácticas de salud. “Hay una hegemonía médica muy fuerte que cree que puede decidir sobre los cuerpos de las mujeres. La perspectiva de género tiene que atravesar todas las prácticas, y especialmente las de salud sexual y reproductiva”, concluyó.
Escuchá la nota completa con Ana Morillo acá:
LA DESPENSA. Lunes a viernes de 9 a 12hs, con Emilia Calderón.
