La jueza federal de San Martín Alicia Vence resolvió que el Gobierno nacional no podrá realizar modificaciones sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) sin dar aviso previo al Poder Judicial. La decisión responde a una presentación realizada por Abuelas de Plaza de Mayo, tras la publicación del Decreto 351/2025, que trasladó el organismo a la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, bajo la Jefatura de Gabinete.
Desde la organización de derechos humanos advirtieron que el decreto implica una intervención de facto, que quita autonomía al BNDG, un organismo clave en la búsqueda e identificación de bebés apropiados durante la última dictadura militar.
Un organismo donde confluyen ciencia, memoria y derechos humanos
Creado en 1987, el BNDG surgió por iniciativa de las Abuelas de Plaza de Mayo, con el objetivo de almacenar y comparar muestras genéticas de personas que buscan su identidad. Actualmente, su funcionamiento se encuentra en riesgo, según denunció la organización: falta de autoridades designadas, desfinanciamiento y el traslado a una órbita que nada tiene que ver con su función original.
La preocupación central es el futuro de las muestras provistas por familiares de niños y niñas robadas durante la dictadura. El temor es que estas evidencias, vitales para los procesos de restitución de identidad, queden desprotegidas o sean manipuladas.
El rol de la Justicia y la disputa por la competencia
En respuesta al reclamo de Abuelas, la jueza Vence ordenó al Poder Ejecutivo abstenerse de realizar cambios sin dar aviso judicial, pero derivó el pedido de nulidad e inconstitucionalidad del decreto al fuero contencioso administrativo federal de la Ciudad de Buenos Aires.
Ese fuero es precisamente donde el Gobierno busca canalizar las causas que involucran sus decisiones más polémicas. Sin embargo, esta medida de la jueza impone un límite a cualquier intento de avanzar sobre un organismo clave para las políticas de memoria, verdad y justicia.
Un retroceso simbólico y político
La transformación del BNDG en un organismo “desconcentrado” fue vista como otro golpe a las políticas de derechos humanos por parte del Gobierno de Javier Milei. El decreto fue publicado el 23 de mayo, en un contexto de creciente preocupación por la desarticulación de espacios dedicados a la memoria.
Abuelas denunció que el cambio institucional no solo debilita su autonomía, sino que pone en riesgo la integridad de las muestras genéticas. Además, señalaron que la modificación se hizo sin consulta ni diálogo con quienes sostienen el trabajo histórico de identificación.
