Después de meses de incertidumbre y reclamos, la Justicia federal dictó una medida cautelar que obliga al PAMI a restablecer el 100% de cobertura en medicamentos y prestaciones médicas para todos sus afiliados. La resolución fue emitida por el Juzgado Federal N°2 de Mendoza, en el marco de una causa que integró múltiples amparos provenientes de distintas provincias, entre ellas Córdoba, Mendoza, Salta y Tucumán.
El fallo judicial revierte el recorte aplicado por el Gobierno Nacional en diciembre de 2023, una medida que afectó profundamente a millones de jubilados y pensionados en todo el país. En el caso de Córdoba, la presentación fue realizada por la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, con el patrocinio de los abogados Mabel Edith Sessa y Carlos Hugo Vicente. También acompañaron la acción judicial la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Asociación Civil de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, el Foro Solidario Córdoba y la Unión Obrera Gráfica Cordobesa.
La abogada Mabel Sessa, integrante de la Guardia Jurídica de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, explicó que el fallo tiene alcance general e inmediato: abarca a todos los afiliados del PAMI y debe cumplirse sin dilaciones, más allá de la posibilidad de que el organismo apele la decisión. “La medida cautelar es de aplicación efectiva y no se suspende”, remarcó.
Según explicó la letrada, la restitución del 100% de cobertura implica el regreso a la situación previa a los recortes dispuestos por el Ejecutivo nacional, cuando los afiliados podían acceder a la medicación sin obstáculos ni demoras excesivas. “Lo que pedimos es que los jubilados vuelvan a tener acceso a los medicamentos sin tanta burocracia y sin tantos trámites”, señaló Sessa.
Las organizaciones firmantes celebraron la resolución como un avance en la defensa de los derechos de los adultos mayores. En un comunicado, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba calificó la medida como “un paso fundamental para frenar el retroceso en materia de derechos que implican las políticas de ajuste y desprotección del actual gobierno”. Además, subrayaron que “las personas mayores, por su condición de tal, merecen una protección especial”, y que el fallo representa “una respuesta contundente en protección de esos derechos”.
La restitución de la cobertura plena también contempla la obligación del PAMI de comunicar clara y adecuadamente la vigencia de esta disposición a todos sus afiliados. Mientras tanto, las organizaciones que impulsaron la medida advirtieron que continuarán atentas a su cumplimiento y reafirmaron su compromiso con la defensa del derecho a la salud y la dignidad de las personas mayores.
“La lucha continúa en cada espacio donde se defienda la vida, la salud y la dignidad de las personas”, expresaron desde la Mesa de Trabajo.
