La Legislatura de Córdoba aprobó una declaración en la que expresa su repudio a lo que considera un ataque del Gobierno nacional a la libertad de expresión, en el marco de las medidas impulsadas desde el Poder Ejecutivo que involucran acciones judiciales contra medios de comunicación y periodistas. La Unicameral cordobesa calificó estas decisiones como un acto de censura previa y un grave avasallamiento a la labor periodística y al derecho de los ciudadanos a estar informados.
El proyecto fue presentado por los legisladores Matías Chamorro y Bernardo Knipscheer y obtuvo el acompañamiento de la mayoría de los bloques políticos, con excepción del Frente Cívico y el bloque Mejor Futuro, que decidieron no apoyar la declaración. La votación puso en evidencia un amplio consenso en torno a la defensa de la libertad de prensa y el rechazo a lo que se entiende como un uso desmedido del aparato judicial y de seguridad con fines de persecución.
En concreto, la declaración legislativa hace referencia a dos hechos recientes que generaron fuerte polémica en el ámbito nacional. El primero de ellos es la denuncia penal que derivó en allanamientos en oficinas de un canal de streaming y en domicilios de periodistas, promovida desde el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich. Esta medida fue interpretada como un intento de intimidación a la labor periodística y como una señal de censura directa hacia un medio de comunicación.
El segundo hecho señalado por la Unicameral es la medida cautelar que Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, solicitó y obtuvo en sede civil, con la que logró prohibir la difusión de audios, bajo el argumento de resguardar su intimidad, honor y seguridad institucional. Para los legisladores cordobeses que acompañaron la declaración, esta decisión configura un caso de censura previa, en tanto impide a los periodistas y medios de comunicación informar libremente sobre hechos de interés público.
El texto aprobado subraya tres puntos fundamentales. En primer lugar, expresa el más enérgico rechazo a las medidas impulsadas por el Ejecutivo nacional, que se consideran un grave avasallamiento a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico. En segundo lugar, manifiesta la preocupación por el uso del aparato judicial y de seguridad como herramienta de persecución a medios y periodistas, lo que afecta de manera directa el derecho de la ciudadanía a estar debidamente informada. Finalmente, la Legislatura reafirma su compromiso en la defensa irrestricta de los principios republicanos y democráticos consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos.
Durante el debate en el recinto, distintos legisladores remarcaron que la libertad de expresión constituye un pilar central de la democracia y que cualquier intento de restringirla, ya sea mediante medidas judiciales o presiones políticas, debe ser señalado y rechazado con firmeza. También se advirtió que este tipo de decisiones no solo afectan a los periodistas o medios directamente involucrados, sino que generan un clima de temor y autocensura que debilita el rol del periodismo como contralor del poder.
El repudio aprobado por la Legislatura de Córdoba se inscribe en un contexto nacional de creciente tensión entre el Gobierno y diversos sectores de la prensa. En ese marco, las acciones judiciales y las medidas cautelares son interpretadas como mecanismos de hostigamiento que ponen en riesgo el derecho a la información. La posición asumida por la Unicameral busca enviar una señal clara de defensa de la institucionalidad y de los valores democráticos frente a cualquier intento de restringir la libertad de prensa.
La decisión adoptada por la Legislatura cordobesa representa un pronunciamiento político de relevancia, no solo porque marca un posicionamiento frente al Gobierno nacional, sino también porque reafirma el compromiso de la provincia con la defensa de los derechos fundamentales. La libertad de expresión, como recordaron los legisladores que impulsaron el proyecto, es un derecho humano consagrado en la Constitución y en tratados internacionales, y su vulneración atenta contra el sistema democrático en su conjunto.
