María, encargada de la cocina en la organización, relata la incertidumbre que viven las trabajadoras ante la posible baja del programa social y defiende el valor del esfuerzo comunitario.
En la cocina de la Asociación Civil Ivana, el clima actual es de profunda preocupación. María, referente del sector, describe la angustia que genera la posibilidad de dejar de percibir los 78.000 pesos mensuales que reciben por su labor. Aunque reconoce que se trata de una cifra mínima que apenas alcanza para cubrir productos básicos como azúcar o yerba por unos pocos días, destaca que para muchas familias representa un capital fundamental para reinvertir en otras elaboraciones, como la venta de empanadas, que permiten generar un ingreso extra para subsistir,.
Frente a las críticas de quienes los tildan de «planeros», María es contundente al afirmar que «nosotros sí la trabajamos». Explica que, a pesar de que cumplir las cuatro horas de labor ya no es obligatorio, en la asociación permanecen ocho personas —de las 22 que había originalmente— que asisten diariamente por compromiso social y por la necesidad de llevarse un plato de comida a sus hogares. La trabajadora comunitaria lamenta que el Estado no valore el trabajo social como un empleo real, ignorando el tiempo y el esfuerzo que las personas dedican a sostener estos espacios comunitarios.
María relata que, tras haber perdido empleos previos en relación de dependencia, tanto ella como sus compañeros han buscado trabajo activamente repartiendo currículums, pero se enfrentan a la falta de vacantes o al rechazo por cuestiones de edad. Ante este panorama, las trabajadoras hacen un llamado a las autoridades para que visiten las organizaciones, vean la realidad del trabajo territorial y comprendan que el beneficio no es un regalo, sino un sustento vital para quienes hoy no encuentran otras posibilidades.
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