La morosidad de los créditos al sector privado creció en julio por noveno mes consecutivo y alcanzó un nivel histórico en el segmento de familias. Según datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la tasa de irregularidad trepó al 5,7%, el valor más alto desde enero de 2010, cuando comenzó la serie estadística. En junio la cifra se había ubicado en 5,1%, lo que muestra un marcado deterioro en la capacidad de pago de los hogares y empresas.
El informe del BCRA indicó que las mayores tasas de incumplimiento se observaron en los préstamos personales, que pasaron del 6,5% al 7,3%, y en las tarjetas de crédito, con un incremento del 4,9% al 5,3%. También se registró un deterioro leve en los créditos prendarios, que subieron de 3,7% a 3,9%, mientras que los hipotecarios escaparon a la tendencia general y se mantuvieron en niveles bajos, con 0,9% frente al 1% del mes anterior. Este comportamiento sugiere que, a pesar del contexto económico adverso, las familias priorizan el pago de la vivienda antes que otros compromisos financieros.
El economista Federico González Rouco, de la consultora Empiria, explicó que el incremento de la morosidad está relacionado con la pérdida de ingresos reales y la desaceleración de la inflación: “Las cuotas ya no se licúan como antes, lo que dificulta afrontar compromisos financieros”. Sobre los hipotecarios, destacó que “la vivienda es el primer pago que se busca sostener”, un patrón habitual en épocas de crisis económica.
En el segmento corporativo, la morosidad también mostró señales de alerta. Alcanzó el 3,2%, más del doble respecto al mínimo de octubre de 2023, mientras que entre junio y julio subió de 1,1% a 1,2%, con foco en adelantos y documentos. El problema se agravó cuando la tasa nominal anual de adelantos a empresas se triplicó entre el 14 de julio y el 18 de agosto, saltando del 31% al 93%, lo que encareció notablemente el financiamiento para el sector productivo.
El encarecimiento del crédito respondió al giro en la política monetaria del Gobierno, que prioriza controlar la cantidad de dinero en circulación antes que la tasa de interés.
