A pedido del Ministerio Público Fiscal, la Municipalidad de Córdoba intervino en la compleja situación que atravesaba un grupo de personas alojadas en un edificio en construcción ubicado en la intersección de bulevar San Juan y San José de Calasanz.
Tras la constatación realizada por la Fiscalía, que confirmó que el inmueble no reúne condiciones de habitabilidad, distintas áreas del municipio, en articulación con el Gobierno de la Provincia, iniciaron un abordaje integral de las personas registradas en el lugar.
“Se acordó el traslado de las personas hacia un dispositivo municipal, donde cada grupo familiar será entrevistado para evaluar su situación particular, identificar necesidades específicas y brindar la respuesta más adecuada en cada caso”, indicó Raúl La Cava, secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano.
Las intervenciones de la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano en este inmueble no son recientes ni aisladas. Hace aproximadamente un año se había realizado un relevamiento social en el sector, en el marco de las tareas habituales de abordaje territorial que el municipio desarrolla en distintos puntos de la ciudad.
Asimismo, el martes 10 de marzo se llevó adelante un nuevo relevamiento a pedido de la Justicia, con acceso al interior de la construcción, con el objetivo de identificar y registrar a las personas presentes en el lugar. El equipo interdisciplinario logró identificar a un total de 19 personas: 17 adultas y dos adolescentes de 15 y 17 años.
En este contexto, La Cava explicó que, del total de personas relevadas, 17 ya habían tenido intervenciones previas por parte de la Subsecretaría de Emergencia e Intervención Social. “Habían sido incorporadas en distintos momentos a programas y dispositivos municipales de acompañamiento, como alojamientos temporales, programas de emergencia o asistencia vinculada a situaciones de consumo problemático. Por diversos motivos, estas personas dejaron posteriormente de participar en dichos dispositivos, lo que motivó nuevas acciones de abordaje por parte del municipio”, señaló.
Durante el operativo, los equipos profesionales relevaron información personal para determinar el nivel de riesgo y las necesidades específicas de cada caso, articulando distintas líneas de intervención. “Se detectaron personas con enfermedades crónicas, situaciones vinculadas a salud mental y casos de discapacidad motora”, detalló el funcionario. A partir de esta información, se coordinó el seguimiento con centros de salud de referencia, entre ellos los hospitales Tránsito Cáceres de Allende, Misericordia y San Roque.
En relación con las dos adolescentes identificadas en el lugar, se iniciaron acciones específicas destinadas a garantizar su escolaridad y acceso a la alimentación. Asimismo, se convocó a sus responsables a la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano para profundizar el acompañamiento y asegurar la restitución de derechos.
Además, se identificó a un grupo familiar que había sido previamente beneficiado con una adjudicación de vivienda en el marco de un trabajo articulado con el Gobierno de la Provincia. Este caso fue reincorporado al seguimiento institucional correspondiente.
Durante la intervención también se constató que el inmueble presenta condiciones críticas de habitabilidad, con ausencia de servicios básicos y acumulación de residuos de obra, lo que implica riesgos sanitarios y estructurales.
