En el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio, el acceso a internet y a dispositivos informáticos implica un requisito esencial para acceder a los derechos humanos, como a la educación, a la salud, a realizar trámites y reclamos, a la información, a la cultura e incluso a la conexión con otras personas.
Ante la pandemia de COVID-19 y las medidas de aislamiento social obligatorio, se dispuso que la escolaridad y la mayoría de los trámites que hacen a la vida cotidiana de los vecinos continúen por vías virtuales. Estas medidas pusieron en evidencia que la conectividad es un derecho fundamental para el acceso a otros derechos. En particular, se evidenció la situación de desigualdad que atraviesan las personas que residen en las villas y asentamientos, en lo que se refiere a las condiciones habitacionales, a la provisión de servicios públicos deficientes, a la carencia de dispositivos y a un acceso a Internet sumamente deficitario; así como la especial situación de desigualdad que atraviesan niñas, niños y adolescentes que viven en situación de exclusión y pobreza.
Dicha situación se refleja en cada uno de los barrios populares de la ciudad sin excepción. Ninguno de ellos cuenta con la infraestructura para la provisión del servicio, lo que agranda aún más la brecha de desigualdad socio-económica-cultural en la cual se encuentran respecto al acceso a derechos.
A esto se suma, en el caso de muchas niñas, niños y adolescentes (no sólo quienes habitan en estos barrios), la falta de computadoras para poder continuar con el cursado virtual dispuesto por las autoridades.
El acceso a conectividad implicará un requisito esencial para acceder al derecho a la educación y a otros derechos, como a la salud, a informarse, a contactarse con los sistemas de protección de derechos, a la cultura, entre otros.
Muchas familias comparten un mismo celular para hacer las tareas, las memorias que se llenan rápidamente con los archivos de audio, pdf y word; los pibes y pibas sentados fuera de las escuelas cerradas para “enganchar wifi”; campañas solidarias para donar dispositivos móviles o para compartir tu internet, y clases a través de las radios comunitarias fueron algunas de las situaciones que surgieron a raíz de esta cambio educativo durante la pandemia. Sobre todo también una dura realidad vinculada a un sector que no accedió a una “alfabetización informática”, que en muchos casos se tradujo en padecer las nuevas formas de vincularse.
El proyecto de conectividad y acceso a internet le permitirá a las familias del sector modificar estas situaciones y tantísimas otras que se presentan cotidianamente. Se sustenta fundamentalmente en el trabajo comunitario y social que desarrollan en cada barrio los movimientos populares como Mugica, Evita, Barrios de Pie, MTE, Pueblo Peronista, Corriente Clasista Combativa, entre otros.
A la vez han participado en la formulación y serán actores protagónicos en la implementación otras organizaciones sociales como Centro Vecinal Vila Unión, Cooperativa San Alberto, Grupos de vecinos de Villa La Tela, Cooperativa San José en Sauce, Cooperativa Felipa Varela, Centro Comunitario Marta Juana González, Cooperativa 12 de Septiembre en Angelelli, Radio Comunitaria La Ranchada como así también los diferentes espacios comunitarios de cuidado (Comedores populares, merenderos y copa de leche), numerosas unidades productivas de la Economía Popular.
En octubre de 2020 la mutual Carlos Mugica presentó un pedido concreto para tramitar la licencia de telecomunicaciones e inició la elaboración de un proyecto para prestar el servicio de internet en 24 barrios populares de la ciudad de Córdoba en donde habitan unas 5 mil familias.
El entramado comunitario brindará las posibilidades reales de continuidad y sustentabilidad social comunitaria al proyecto una vez que empiece a funcionar y se hayan ejecutado las obras como también puesto en funcionamiento los dispositivos. En este sentido se fueron llevando a cabo acuerdos de trabajo y participación que seguramente al momentos del inicio del proyecto quedaran plasmados en la firmas de convenios respectivos. En ese sentido, el presidente de la mutual Carlos Mugica, Marco Galán señaló: «estamos abordando integralmente el acceso de estas infraestructuras y la colocación de fibra óptica como una infraestructura más de las que tiene que tener un barrio».
La expectativa es poder brindar el servicio para el mes de junio de 2022 en 9 de los 24 barrios.
En definitiva, en un contexto en el que el acceso a internet se ha declarado como un derecho de toda persona que se provee a través de un servicio público y esencial, resulta oportuno generar un espacio que contribuya al intercambio de miradas, diagnósticos y experiencias sobre conectividad, igualdad y acceso a derechos para enriquecer las acciones de incidencia y apuntalar la inclusión de este tema en la agenda pública desde una perspectiva de derechos humanos y la mutual Carlos Mugica gracias a ENACOM y EPEC va camino a hacerlo realidad.