El encuentro se realizó con representantes del Departamento de Relaciones Internacionales del organismo, entre ellos Jean-Philippe Sauvageau, ante quienes Giuliani dio seguimiento a la denuncia presentada por la criminalización de la protesta social y la apertura de siete causas judiciales en su contra vinculadas al ejercicio de sus funciones gremiales.
La presentación ante la Comisión de Libertad y Democracia de la OIT sostiene que el Estado argentino incurre en la violación de los Convenios 87 y 98 del organismo internacional. En ese marco, el dirigente denunció que se busca disciplinar al movimiento sindical mediante la judicialización de la protesta, “en un abierto y nada inocente intento de disciplinar a las distintas organizaciones sindicales que disconformes con la realidad bregan por un cambio de la misma siempre dentro de las prerrogativas que la legislación nacional y la normativa internacional les reconoce”.
La denuncia cuenta con el respaldo de las máximas autoridades de la CTA Autónoma, el secretario general Hugo Godoy y la secretaria adjunta Mariana Mandakovic, y con el patrocinio legal de Daniel Jorajuria, secretario administrativo y director del Departamento Jurídico de la central, junto al abogado Javier Izaguirre.
En el documento elevado a la OIT, Giuliani detalla una serie de procesos judiciales iniciados en su contra en el contexto de movilizaciones masivas encabezadas por ATE y la CTA Autónoma en reclamo de alimentos para sectores vulnerables y en rechazo al avance de la pobreza. Allí sostiene que el Poder Judicial de Córdoba actúa como una herramienta del poder político para amedrentar a dirigentes sociales y sindicales.
La presentación describe hechos ocurridos desde 2023 hasta la actualidad, donde las protestas populares derivaron en causas penales, allanamientos, detenciones arbitrarias y represión violenta. En ese contexto, el dirigente resultó gravemente herido durante una manifestación, cuando la policía le provocó la fractura de un brazo. Todo ello, según se señala, se inscribe en una política nacional de represión de la protesta, replicada por distintas administraciones provinciales.
Entre los episodios enumerados en la denuncia se encuentran la Marcha contra el Hambre de abril de 2023; la visita de Javier Milei a Córdoba en mayo de 2024; el escrache a la Fundación Mediterránea en el mismo mes; y la protesta frente a la Municipalidad de Córdoba en agosto de 2025.
El texto presentado ante la OIT también describe un clima de hostigamiento permanente sobre las organizaciones gremiales. “En el gremio se hizo constante y permanente la presencia policial, tal es así que momentos en que se realizó un Plenario de Delegados Nacionales se encontraban 4 móviles (2 autos y 2 motos) con todo su personal abajo, y en la puerta de nuestro gremio filmando el ingreso de las y los compañeros. Por esta actividad se realizaron las denuncias periodísticas en los medios alternativos locales y en los propios medios y redes de la Central de Trabajadores y del Gremio”, remarca la denuncia.
Y agrega: “Esta situación se ha vuelto insostenible en la provincia de Córdoba de la República Argentina. Es la manifestación de la política nacional de criminalización de la protesta llevada a cabo en territorio provincial. La dureza de esta política policial y judicial la encarna en contra de la CTAA y de ATE, por ser la central de trabajadores y el gremio que más lucha ante las políticas de despido y ajuste nacional y provincial”.
Aunque los hechos puedan aparecer de manera aislada, Giuliani advierte que, observados en conjunto, responden a una política pública orientada a aplicar un ajuste sobre los trabajadores del Estado, que luego se extiende al sector privado.
“En estos momentos en la provincia de Córdoba se ha vuelto a los tiempos previos a la Dictadura cívico-militar de 1976. En los procedimientos policiales aparecen agentes policiales que no llevan identificación, que por su accionar y los registros que quedan de las actuaciones policiales nos llevan a aquella época oscura”, asegura el texto presentado ante el organismo internacional.
La denuncia incluye documentación probatoria y testimonios del propio Giuliani y de otros dirigentes sindicales involucrados en las causas judiciales. En ese marco, se solicita a la OIT que admita la queja y la someta a examen del Comité de Libertad Sindical, que considere la gravedad y urgencia de los hechos, que ordene el cese inmediato de la represión y el hostigamiento a las organizaciones y que recomiende al Estado argentino garantizar plenamente los derechos y garantías de la libertad sindical, reparar los daños ya consumados y abstenerse de reiterar estas prácticas.
De este modo, ATE Córdoba y la CTA Autónoma provincial llevaron a los foros internacionales la denuncia por la criminalización de la protesta y la judicialización de dirigentes sindicales y sociales que, según sostienen, resisten el hambre y la pérdida de derechos de las y los trabajadores en la Argentina.
