En el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, la oposición impuso su mayoría y resolvió convocar a dos audiencias públicas previas al tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares que impulsa el Gobierno nacional y que ya cuenta con media sanción del Senado de la Nación Argentina.
Las audiencias se realizarán los días 25 y 26 de marzo: la primera será presencial y la segunda se desarrollará de manera virtual a través de la plataforma Zoom.
Con esta decisión, la gestión del presidente Javier Milei deberá esperar al menos hasta mediados de abril para avanzar con el debate en el recinto sobre la iniciativa, que el Ejecutivo acordó con gobernadores de provincias cordilleranas.
Según informó el periodista parlamentario David Cayón en Infobae, el oficialismo había intentado impulsar una única audiencia pública para cumplir con el requisito institucional. Sin embargo, los bloques opositores propusieron un mecanismo que garantice una participación más amplia de las provincias involucradas en la gestión de las cuencas hídricas potencialmente afectadas.
La convocatoria a audiencias públicas responde a lo establecido por la Ley General del Ambiente y el artículo 41 de la Constitución Nacional Argentina, que prevén instancias de participación ciudadana en temas ambientales.
Al respecto, el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, sostuvo que “debe garantizarse una participación verdaderamente federal, abierta y plural, en razón de la interjurisdiccionalidad de las cuencas hídricas potencialmente afectadas”.
El legislador también advirtió que el debate involucra “reservas estratégicas de agua y un régimen de presupuestos mínimos ambientales”. En ese sentido, señaló que están en juego los niveles actuales de protección ambiental, las competencias entre provincias y la previsibilidad jurídica para futuras inversiones.
Ferraro remarcó además que cualquier modificación que implique una posible reducción de los estándares de protección ambiental debe contar con un debate técnico sólido, evidencia científica y respeto por el principio de no regresión.
