Ante las dificultades que enfrenta la Justicia Federal para avanzar en la causa por enterramientos clandestinos durante la última dictadura, el Gobierno de Córdoba se comprometió a brindar apoyo material y logístico a la búsqueda de restos de personas desaparecidas en el predio del ex centro clandestino de detención «La Perla».
El anuncio fue realizado por la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, durante una reunión mantenida junto a la secretaria de Derechos Humanos y Diversidad, Tamara Pez, con referentes de organismos de derechos humanos de Córdoba —entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo, Ex Presos Políticos, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas e H.I.J.O.S.— y familiares querellantes en la causa.
La reunión se llevó a cabo en la sede del Ministerio y forma parte de una respuesta institucional al pedido de apoyo expresado por la Comisión de Derechos Humanos y los familiares de las víctimas que impulsan la causa iniciada en 1998.
Previo a este encuentro, Montero y Pez también se reunieron con el juez federal N° 3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, a cargo de la investigación, y con el secretario del juzgado, Miguel Ceballos, con el objetivo de interiorizarse sobre el estado de la causa y las necesidades operativas para continuar con las tareas de búsqueda en el predio.
“La firme defensa de la memoria y los derechos humanos es una política transversal de Estado, sostenida en diálogo permanente con la sociedad civil y con quienes han llevado adelante, durante décadas, la búsqueda de verdad y justicia”, afirmó la ministra Montero al reafirmar el acompañamiento del Ejecutivo provincial.
Desde el Gobierno explicaron que la colaboración tiene como objetivo garantizar que se avance en esta causa clave, considerada una de las últimas oportunidades concretas de encontrar restos de personas desaparecidas antes de que el paso del tiempo y la pérdida de testimonios vuelvan imposible esta tarea.
Los representantes de los organismos de derechos humanos y querellantes celebraron el gesto de la Provincia y destacaron su importancia en un contexto nacional adverso en materia de políticas de memoria.
“Siempre estuvimos muy acompañados por Tamara Pez y Liliana Montero. No solo se pusieron a disposición para facilitar los recursos que se necesitan, sino también por comprender que es una deuda de Córdoba con nuestros familiares insepultos”, expresó Soledad García, miembro de la Asociación de Ex Presos Políticos y querellante en la causa.
En la misma línea, Patricia Chalup, de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba, destacó que “la ministra nos manifestó que la Provincia va a acompañar con la búsqueda y recibimos con mucha satisfacción esta respuesta, sobre todo en un contexto nacional de regresión en materia de derechos humanos”.
Por su parte, María del Carmen Torres, también querellante, subrayó que “es fundamental encontrar los medios y las formas para que la Justicia federal avance y que la ciudadanía cordobesa toda pueda saber dónde están sus muertos”.
