El Gobierno de Córdoba dictó este lunes la conciliación obligatoria en el conflicto de la Petroquímica Río Tercero, tras la decisión de la empresa de despedir a 124 trabajadores. La medida, impulsada por el Ministerio de Trabajo provincial, suspende los despidos y obliga a las partes a sentarse a negociar durante los próximos 15 días hábiles.
La intervención era reclamada por el Sindicato del Personal Químico y Petroquímico (SPIQYP) para frenar la escalada del conflicto que incluyó paro total de actividades, huelga y bloqueo del polo químico, generando tensión y presencia policial en los accesos a la planta.
La situación se desató cuando la petroquímica notificó vía correo electrónico a 124 trabajadores, entre operarios y jerárquicos, que quedaban cesantes. Además, la empresa adeuda los sueldos de junio y el pago del medio aguinaldo, lo que agrava la crisis laboral.
Estos despidos se suman a otros 140 ceses ocurridos en octubre del año pasado, cuando la planta ya había reducido su personal. Según denunció Lucas Felici, secretario general del SPIQYP, “la empresa busca romper el convenio colectivo de trabajo, flexibilizar condiciones y aprovecharse del clima político actual”.
El sindicalista definió la situación como una “masacre laboral y económica” que impacta directamente en la economía de Río Tercero, una ciudad que depende en gran parte de la actividad química e industrial.
Con la conciliación obligatoria, la empresa debe suspender los despidos y los trabajadores levantar las medidas de fuerza. Por 15 días hábiles ninguna de las partes podrá tomar acciones que afecten el normal funcionamiento de la fábrica, mientras se desarrolla una mesa de diálogo para intentar llegar a un acuerdo.
Felici celebró la intervención del Gobierno provincial y señaló que ahora comienza una etapa clave: “Gracias a la presión de los compañeros y la comunidad, logramos abrir una instancia de negociación. Esperamos soluciones reales y no promesas vacías”, dijo el dirigente.
