La Comisión Ejecutiva de la Junta Nacional de Presidentes de Tribunales Orales Nacionales y la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal se sumaron a las críticas del proyecto de reforma judicial. Las principales objeciones.
Se suman nuevas voces contra el proyecto de reforma de la Justicia Penal Federal y Nacional enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso. Ahora fue el turno de la Comisión Ejecutiva de la Junta Nacional de Presidentes de Tribunales Orales Nacionales y la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal (AAPDPP), quienes sentaron una postura crítica contra la iniciativa.
En primer término, los jueces de tribunales orales señalaron la necesidad de modernizar la justicia federal, así como también en el avance hacia un sistema acusatorio, pero advirtieron que la reforma “no se agota en la sumatoria de dependencias jurisdiccionales, y/o en la supresión de otras”.
“Una modificación profunda también requiere contemplar las distintas modalidades que en el siglo XXI asume la criminalidad organizada; potenciada muchas veces por las nuevas tecnologías cuyo impacto merece ser ponderado y en base a ello, repensar el alcance de la competencia federal, tanto en su faz territorial cuanto material”, indicó el escrito elaborado por la Comisión Ejecutiva, integrada por los jueces Gabriel Vega, Adrián Pérez Lance, Hugo Cataldi, Sergio Paduczak, Federico Salvá y Luis Altieri.
También evaluaron que la propuesta «constituye una oportunidad para que el aporte de todos los actores involucrados en el sistema de Justicia muestre que el consenso puede sacar lo mejor de los argentinos».
Una de las principales críticas se focaliza en la falta de claridad en relación con los “órganos que hoy tienen a su cargo del juzgamiento de los delitos comunes en la Ciudad”, pues advirtieron que “nada dice sobre los magistrados y magistradas que aún permanezcan en funciones”.
La iniciativa propone el ensanchamiento del fuero federal criminal y correccional, a través de su fusión con la justicia nacional en lo penal económico y la creación de nuevos tribunales orales y juzgados federales. También estable el traspaso de competencias de la justicia nacional criminal y correccional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, seguida de su disolución. El texto se encuentra en plena discusión en las comisiones del Senado.
Una de las principales críticas se focaliza en la falta de claridad en relación con los “órganos que hoy tienen a su cargo del juzgamiento de los delitos comunes en la Ciudad”, pues advirtieron que “nada dice sobre los magistrados y magistradas que aún permanezcan en funciones”.
Por su parte, la asociación que nuclea a los profesores de derecho penal acompañó los objetivos del proyecto, esto es “mejorar una justicia federal problemática; crear una estructura orgánica de Magistrados y funcionarios que acompañe la reforma del nuevo CPP Federal y transferir las competencias no federales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Sin embargo, aclaró que el proyecto del Gobierno “atrasa y opera contra todos los objetivos predicados”.
A través de un comunicado, la asociación postuló que una trasformación como la pretendida, “requiere de análisis multidisciplinarios que establezcan: estadísticas sobre flujos de casos, políticas de asignación de recursos humanos y materiales según objetivos, diseño de estructuras institucionales idóneas para el nuevo proceso, monitoreo del cumplimiento de los objetivos trazados y sus costos para ponderar la eficiencia de las modificaciones, entre otros estudios”.
Entre otras cuestiones, la entidad destacó que la justicia federal “ha sido criticada por su falta de eficiencia y transparencia”, pero manifestaron que “no se entiende de qué modo puede mejorar su servicio sumando a los 12 jueces federales, otros 10 provenientes de Penal económico”. “Más que solucionar, puede esperarse la multiplicación de problemas”, sostuvo.
Criticaron, asimismo, el aumento de jueces federales para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que “se dispone sin analizar un flujo de casos que lo justifique, pese a los grandes costos que implica”. A esto se suman las objeciones al sistema de subrogancias previsto para la designación transitoria de los jueces en el nuevo fuero federal penal.
“Sin estudios serios, solo asignaremos muchos recursos para no cambiar nada o, peor aún, enterrar la posibilidad de contar, de una vez por todas, con un sistema acusatorio modelo a nivel nacional”, concluyeron.
Fuente: Diario Judicial