La Legislatura de Córdoba aprobó este jueves la creación de un nuevo organismo destinado a supervisar el funcionamiento del sistema penitenciario provincial. La norma, impulsada por la legisladora oficialista Nadia Fernández, establece la conformación de la Procuración Penitenciaria Provincial, que operará con autonomía funcional y quedará ubicada bajo la órbita del Poder Judicial. Sin embargo, la aprobación se produjo en un clima de tensión política, ya que los bloques opositores decidieron retirarse del recinto al considerar que el oficialismo avanzó sin dar el tiempo necesario para estudiar en profundidad el proyecto. La sesión dejó expuestas diferencias sobre el alcance de las atribuciones del organismo, los procedimientos de designación de sus autoridades y el impacto económico que implicará su puesta en marcha.
El proyecto llegó al recinto con dos despachos distintos provenientes de las comisiones de Seguridad, Legislación General y Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos. Mientras el oficialismo acompañó la iniciativa, la oposición presentó un despacho en disidencia. Durante el debate, legisladores opositores denunciaron que la discusión había sido acelerada y que no existió la posibilidad de realizar un análisis detallado de los alcances institucionales de la nueva procuración. También remarcaron que el Comité para la Prevención de la Tortura no avaló la propuesta, lo que sumó otro elemento de fricción respecto de la conveniencia y oportunidad de aprobar la norma en estas condiciones.
Uno de los puntos más cuestionados por la oposición fue el mecanismo previsto para la designación de las autoridades del organismo. Aunque la Procuración Penitenciaria funcionará bajo la supervisión del Tribunal Superior de Justicia, será el Poder Ejecutivo quien tendrá un papel clave en la definición de quién ocupará cada uno de los cargos. Para los bloques opositores, esta atribución del Ejecutivo genera un desequilibrio institucional y podría afectar la independencia que el nuevo ente debería garantizar. A esto se sumaron críticas vinculadas a la creación de puestos vitalicios y la escala salarial asignada, que se ubicará en los rangos más altos del escalafón provincial.
Las objeciones sobre los costos no son menores en un contexto provincial marcado por la discusión sobre el déficit de la Caja de Jubilaciones. El gobierno anticipó que ese déficit superará los 700 mil millones en 2026 y envió a la Legislatura un proyecto que habilita a incrementar los aportes de trabajadores estatales para reducir el desfasaje. En ese marco, la oposición consideró inoportuno avanzar con la creación de nuevos cargos vitalicios que demandarán altos salarios y estructura administrativa.
La ley aprobada establece la creación de siete cargos dentro de la Procuración Penitenciaria Provincial: un procurador, cuatro adjuntos y dos secretarios técnicos. Todos ellos serán inamovibles y sus remuneraciones corresponderán a los niveles más altos que paga la Provincia. Durante la sesión, estos aspectos concentraron buena parte de las intervenciones críticas y generaron momentos de tensión que derivaron en la decisión de los bloques opositores de abandonar el recinto.
Según el texto de la norma, el organismo tendrá como misión controlar el funcionamiento de cárceles, alcaidías y cualquier otro establecimiento donde se ejecuten medidas restrictivas de la libertad. Actuará sin interferir en las funciones del Ministerio Público Fiscal ni con otros mecanismos de control existentes. El oficialismo defendió la iniciativa alegando que aportará a fortalecer el sistema penitenciario conforme a estándares nacionales e internacionales y permitirá avanzar hacia una mayor profesionalización del control institucional.
