La iniciativa también faculta al ministro de Cooperativas y Mutuales a identificar los bienes alcanzados por la medida y contempla modificaciones a la Ley Nº 8555 de la Dirección de Vialidad.
Además, se establece que el Gobierno provincial, a través de las áreas correspondientes, podrá ejecutar obras de infraestructura y servicios públicos en terrenos de dominio municipal, comunal o pertenecientes a comunidades regionales, siempre que exista autorización previa de las autoridades locales.
En este marco, el Ministerio de Cooperativas y Mutuales será la autoridad de aplicación del programa y quedará habilitado para dictar normas complementarias, firmar convenios y conformar una Unidad Ejecutora con distintas áreas del Estado para garantizar su implementación.
El proyecto también prevé que la intervención de la Dirección de Vialidad en zonas bajo jurisdicción local se desarrolle mediante un esquema de competencia compartida y cooperación institucional, a pedido de municipios, comunas o comunidades regionales, respetando la planificación urbana vigente. “En todos los casos deberá garantizarse la coordinación técnica, administrativa y financiera con la autoridad local competente”.
Durante la misma reunión, la comisión trató otras iniciativas vinculadas al sector. Por un lado, se aprobó el despacho favorable del proyecto de Ley 45521, presentado por el legislador Matías Chamorro, que modifica el Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial (Ley Nº 10155).
La propuesta incorpora a las cooperativas como entidades habilitadas para contratar con el Estado, incluso en casos donde participen agentes públicos en sus órganos de conducción o control. Según los fundamentos, “la modificación propuesta elimina la referencia exclusiva a cooperativas de servicios públicos, habilitando a todas las cooperativas, sin distinción de objeto, evitando que la prohibición se transforme en un obstáculo irrazonable para la contratación estatal y para el desarrollo del sector cooperativo”.
De acuerdo al proyecto, la reforma busca ampliar la cantidad de oferentes, fortalecer la economía social y garantizar mecanismos de contratación acordes a principios de transparencia, control democrático y ausencia de fines de lucro.
Por último, también se avaló el proyecto de Ley 45520, que introduce cambios en el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial 2026 (Ley Nº 11088), con el objetivo de promover la contratación de proveedores organizados como cooperativas o mutuales.
Desde el ámbito oficial se remarcó que este tipo de medidas reflejan el rol de estas organizaciones como herramientas para generar empleo y mejorar la distribución de oportunidades. “Incorporar de manera más plena a estas organizaciones en la política de compras y obras públicas del Estado provincial no solo es justo, sino también inteligente desde el punto de vista económico y social”, sostienen los fundamentos
