Hilario Pérez ha estado 22 veces en la cárcel. Todas, en el Centro Estatal de Readaptación Social (Cereso) 1, del estado de Durango. Todas, como preso político. Desde 1997 abandera la causa de los despojados de su vivienda por fraudes de inmobiliarias en la misma entidad, al norte de México.
La primera vez que pisó el Cereso estuvo trece meses adentro. Dice que la experiencia le cambió la vida por siempre, y no para bien. Después de aquella ocasión ha vuelto puntualmente cada año: por periodos de tres semanas, de un mes, de una semana. Se hizo «cliente frecuente», dice. Luego sale de la celda de turno que lo haya recibido, sigue su lucha e intenta readaptarse a la vida “normal”.
Pero nunca lo ha logrado del todo.
Las consecuencias del encierro en el ser humano son casi siempre negativas, asegura Bianca de la Lanza Rico, una connotada especialista en psicología criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe). Aunque en teoría la estancia en prisiones tendría que servir para la readaptación social de los internos, ella afirma que en el caso de México no ocurre así.
A los reclusos les ocurre algo llamado ‘prisionalización’. Este fenómeno psicológico se hace manifiesto en ellos mediante una serie de conductas bastante similares a las que presentan las personas que son internadas en un hospital psiquiátrico.
Los primeros días de encierro es común que muestren signos de depresión, ansiedad, trastornos de sueño, así como desórdenes alimenticios, enfermedades digestivas recurrentes y una clara disminución del sistema inmune.
Con los días, el aislamiento y exclusión total empiezan a hacer otro tipo de estragos.
De acuerdo con la experta, los presos empiezan poco a poco a perder su individualidad. Se vuelven parte de un ente colectivo: todos usan las mismas prendas de ropa —que también son de idéntico color—, comen a la misma hora, se levantan al mismo tiempo y pierden hasta su nombre. Una vez dentro de un penal, todos se vuelven un número más en el registro.
Hilario cuenta que cuando estuvo dentro del Cereso 1 eso fue lo que más le afectó. No soportaba estar tan lejos de todo, y de una forma tan anónima.
“Como yo era preso político y además ya me conocían bien en esa cárcel, siempre me tenían aislado. Con el tiempo me fui dando cuenta de que empecé a sentirme bastante igual a los demás. Y yo era inocente. Muchos de los que estaba ahí, no. Pero nos sentíamos parte de ese ‘algo’ más grande que nos unía a todos: el encierro”, dice.
De la Lanza Rico dice que hay presos a los que les va peor. Muchos de ellos pasan por procesos de sintomatología psicótica; es decir, que pierden sentido de la realidad. Y asegura que es parte de un mecanismo de defensa natural, pero llevado al extremo.
También es muy común que se vuelvan adictos a sustancias prohibidas, o que el consumo al que ya estaban habituados desde antes de la cárcel se acentúe. Las tendencias suicidas son más recurrentes de lo que se podría pensar y ellas no sólo ponen en riesgo a los reclusos, sino también a todo el personal con el que pudieran tener contacto adentro.
El problema, enfatiza la experta, radica en gran medida en que no existe una plantilla de psicólogos y psiquiatras que cubra las necesidades de las cárceles mexicanas. Al menos, no en la medida que la situación lo amerita.
«En una prisión de tamaño normal —es decir, que albergue a unos 6.000 internos— hay cerca de 10 de estos facultativos. Cuando lo correcto sería que para poder cubrir las necesidades de esa población carcelaria, hubiera por lo menos un centenar de ellos», señala.
De acuerdo con el Informe especial sobre el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión del Distrito Federal, publicado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), una de las mayores debilidades del sistema penitenciario son los servicios de salud, tanto por la falta de personal médico como por la insuficiencia de recursos materiales y de medicamentos.
LA ONG Documenta hizo un análisis de dicho documento y llegó a la conclusión de que «si nos concentramos únicamente en lo que este informe señala con respecto a la atención a la salud mental, el panorama es desalentador».
«La disponibilidad de personal capacitado en psiquiátrica y psicológica está muy por debajo de lo necesario y aceptable: en la mayoría de los centros sólo hay un psiquiatra con un horario de
atención muy restringido», apunta la organización.
El último Presupuesto de Egresos de la Federación dado a conocer en México —y que corresponde al ejercicio fiscal del 2017— demuestra que existen un total de 478 plazas para facultativos especializados en psicología, psicoterapia y terapia penitenciaria en el país en cárceles federales.
Están adscritos al rubro de «Prevención y Readaptación Social» y para ellos se erogó un gasto anual de 2 millones 604 mil pesos (unos 138.000 dólares) por concepto de sueldos, salarios y prestaciones.
La última vez que Hilario estuvo en el Cereso 1 de Durango, en 2015, hizo un recuento de todas las veces que lo internaron. Y llegó a la conclusión de que, aunque defender la misma causa social desde hace más de 20 años lo hace sentir útil para su país, ya no es la misma persona.
“Aunque ahora estoy libre, le tengo mucho miedo a la soledad. Con frecuencia me deprimo y temo por la vida de mi familia, cuando sé que no debería. Me he vuelto un poco paranoico. Las huellas que la cárcel le deja a uno nunca se borran. Y lo peor: van más allá de quien las sufre directamente. Siempre le afectan a la gente que uno más quiere”, concluye.
De la Lanza Rico dice que una de las cosas que le preocupan del tema es el futuro de los prisioneros que consiguen su libertad, pues casi siempre se les sigue señalando como delincuentes. En México se supone que no se le puede negar un trabajo a alguien por haber estado en prisión. Pero en la práctica esto sí ocurre.
“Regresar a la vida normal para ellos es un proceso muy largo, muy tortuoso. Por eso es que es tan frecuente verlos vendiendo dulces y pulseritas en los buses. En nuestro país la cultura de la salud mental en los reos, así como su posterior reinserción a la sociedad, prácticamente no importan”, asegura ella.
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) —especialmente en su Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas— hay un principio básico que la mayoría pasa por alto: “la pérdida de libertad no debe representar jamás la pérdida del derecho a la salud».
De ser una idea más generalizada y asimilada por todos, afirma la Comisión, el problema podría empezar a resolverse a un nivel más profundo.
Fuente: Ollin Velazco para Vice.