El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) resolvió que las universidades públicas argentinas recurrirán a la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de Recomposición del Salario Docente, norma sancionada por el Congreso y promulgada por el presidente Javier Milei, aunque con su aplicación suspendida por decreto. La decisión fue adoptada por unanimidad en un Plenario Extraordinario de Rectoras y Rectores realizado este martes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde se acordó avanzar con una estrategia judicial conjunta en defensa de la autonomía universitaria y del sistema republicano.
“Cuarenta años después del primer plenario del CIN, nos volvemos a encontrar en la UBA, y esta vez para que las universidades tomen un posicionamiento político claro: exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano”, afirmó Oscar Alpa, presidente del Consejo y exsecretario de Políticas Universitarias. Su intervención fue celebrada por representantes de todas las casas de estudio del país, quienes coincidieron en que la medida del Ejecutivo constituye “una grave vulneración institucional”.
Por su parte, Leandro Vergara, decano de la Facultad de Derecho de la UBA y anfitrión del encuentro, remarcó que “un decreto no puede suspender una ley”. El académico cuestionó el accionar del presidente Milei al promulgar la Ley N° 27.795 pero posponer su aplicación hasta que se definan fuentes de financiamiento, lo que, según explicó, “viola de manera directa la división de poderes, mediante la invocación de fundamentos inválidos”.
El vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, también expresó su preocupación por el precedente institucional que deja esta decisión del Poder Ejecutivo. “Es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún cuando se trata de normas con amplia legitimidad social, institucional y política”, sostuvo.
El reclamo del sistema universitario se produce luego de que el Gobierno nacional promulgara la Ley 27.795, que establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y garantiza la recomposición salarial del personal docente y no docente. Sin embargo, mediante el Decreto 759/2025, el Ejecutivo resolvió suspender su entrada en vigencia hasta tanto el Congreso determine las partidas presupuestarias correspondientes en el Presupuesto 2026.
Las universidades consideran que esa decisión carece de sustento jurídico, ya que la promulgación implica la obligación de cumplir la ley, y que su suspensión constituye una “intervención arbitraria del Poder Ejecutivo sobre las atribuciones del Congreso”. En ese sentido, Bartolacci explicó que “hemos sido muy responsables y serios priorizando siempre los caminos institucionales para reclamar una respuesta, pero ahora corresponde recurrir a la Justicia para garantizar el cumplimiento de la ley”.
Además de la acción judicial colectiva, el Plenario del CIN resolvió elevar al Congreso Nacional una solicitud formal para que se apruebe el Presupuesto 2026 incluyendo como base los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario. Según adelantaron desde el Consejo, también se iniciarán gestiones ante organismos internacionales y campañas de comunicación pública para visibilizar el impacto que tiene la falta de financiamiento en el funcionamiento del sistema universitario.
El CIN, integrado por los rectores y rectoras de las 61 universidades nacionales y provinciales, es el órgano que coordina las políticas académicas y de financiamiento del sistema de educación superior público. En los últimos meses, ha mantenido un enfrentamiento constante con el Gobierno nacional por los recortes presupuestarios y los atrasos en los fondos de funcionamiento que afectan el pago de servicios básicos, becas y salarios.
La decisión de judicializar el reclamo se produce en un contexto de creciente tensión política, luego de que distintos sectores universitarios realizaran masivas movilizaciones en reclamo de presupuesto y paritarias docentes. Para los rectores, la suspensión del financiamiento no solo pone en riesgo el normal desarrollo de las actividades académicas, sino que también amenaza la continuidad de proyectos de investigación y extensión que cumplen un rol social clave en cada región del país.
“Las universidades públicas representan uno de los pilares más sólidos de la democracia argentina y no podemos permitir que se vulnere su autonomía ni que se desfinancie su funcionamiento”, concluyó Alpa, marcando el tono del consenso unánime alcanzado por el sistema universitario frente a una decisión que calificaron como “inconstitucional y regresiva”.
