La funcionaria indicó que el gobernador mantuvo una reunión con más de veinte instituciones del sector, donde se expuso un panorama crítico. “Fue un relato dramático de la situación que están atravesando, principalmente por la falta de pago de prestaciones y el incumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad”, explicó. Según detalló, muchas de estas organizaciones también son prestadoras de PAMI, lo que agrava el escenario ante la demora en los pagos.
Ante este contexto, el Gobierno de Córdoba decidió destinar parte del fondo especial de discapacidad para asistir a las instituciones y evitar cierres. “El gobernador comprometió utilizar parte de ese fondo para paliar la crisis, pero también fue muy claro en que la provincia no puede suplir indefinidamente la falta de respuestas de la Nación”, sostuvo.
Montero explicó que esta decisión implica resignar proyectos orientados a la inclusión laboral y la autonomía de las personas con discapacidad. “Si usamos esos recursos para gastos corrientes, estamos retrocediendo en políticas que apuntaban a la inclusión”, señaló.
La funcionaria advirtió que la crisis también afecta al conjunto del sistema sanitario. En ese sentido, mencionó la falta de financiamiento de programas nacionales como el Plan Sumar y las dificultades en la atención de afiliados de PAMI. “Se está dejando de hacer prevención. Si no se paga la consulta inicial, se pierde el seguimiento y solo se atiende cuando la persona ya está enferma”, indicó.
Montero también destacó el aumento de la presión sobre el sistema de salud provincial. “Pasamos de tener 1,2 millones de personas sin obra social a casi 1,7 millones, lo que impacta directamente en los hospitales públicos”, explicó. A esto se suma el incremento en la demanda de programas sociales como el PAICOR, que refleja el deterioro económico de los hogares.
Finalmente, la funcionaria fue contundente al describir el escenario actual. “Estamos frente a un descuartizamiento del sistema de salud y a un verdadero genocidio de la salud pública argentina”, afirmó. En ese marco, insistió en la necesidad de que el Gobierno nacional garantice el financiamiento y el funcionamiento de las políticas públicas vinculadas a la salud y la discapacidad.
Escuchá la nota completa con Liliana Montero acá:
LA DESPENSA. Lunes a viernes de 9 a 12hs, con Emilia Calderón.
