El gobernador busca mostrarse “diferente” al presidente Javier Milei. Aunque a la hora de disponer beneficios fiscales no haya diferencia: el sector más poderoso de la economía cordobesa recibe las mayores atenciones y esta vez contará con exenciones impositivas.
Buscando diferenciarse de las políticas de Milei hacia el sector, la Provincia renovó el apoyo a la Mesa de Enlace de Córdoba, en su insistente reclamo por la quita de retenciones a las exportaciones agropecuarias.
La cruzada contra las retenciones a las exportaciones a la que se sumó Martín Llaryora, no tiene eco en el Gobierno nacional. No es una cuestión ideológica: privarse de los derechos de exportación desfinanciaría al propio Estado libertario.
El gobernador Martín Llaryora, junto al ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, llevaron a cabo este jueves una reunión de trabajo con los integrantes de la Mesa de Enlace rural.
Según la información oficial, «se trató de uno de los encuentros habituales donde se analizó a fondo la crisis que atraviesa el sector, a la luz de los bajos precios internacionales de sus productos, la situación cambiaria y las condiciones climáticas adversas que amenaza los rindes de las cosechas».
Durante el encuentro se ratificó el reclamo al Gobierno nacional para que elimine las retenciones al campo con el objetivo de aliviar el contexto adverso que atraviesa el sector.
Beneficios al sector con mayor poder de presión
Desde la Provincia se indicó que el 94% de la carga impositiva de los productores rurales cordobeses son los impuestos nacionales, solo el 2% impuestos municipales y el restante 4% son impuestos provinciales que vuelven en obras para el campo en un 98%.
En este punto, se reafirma que lo recaudado por la Provincia tiene una asignación específica, que es la realización de obras de infraestructura para el sector. No ocurre lo mismo con otros tributos que abonan los ciudadanos y ciudadanas de la provincia.
Además, el anuncio, de claro impacto político, al aplicar sólo al 6% de los impuestos que paga el sector agroindustrial, no tendrá el mismo reflejo en la carga impositiva que el llamado «campo» reclama al Gobierno nacional que se reduzca por su alta incidencia.
En representación de la Mesa de Enlace estuvieron presentes Guillermo Vitelli y Sebastián Laborde (Sociedad Rural Argentina); Patricio Kilmurray y Federico Proietti (Cartez); Agustín Pizichini y José Luis Careggio (Federación Agraria Argentina) y Gustavo Gaigh (Coninagro).