El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, presentó públicamente la reforma del sistema previsional provincial a través de un video grabado, luego de que la iniciativa fuera aprobada el jueves pasado en la Legislatura con los votos del oficialismo. La norma, denominada Equidad Jubilatoria, introduce modificaciones de fondo en el régimen de la Caja de Jubilaciones y generó un fuerte rechazo de más de 15 gremios de trabajadores estatales, que cuestionan tanto el contenido de la ley como el modo en que fue debatida.
Entre los principales cambios se destaca el aumento de los aportes personales de los trabajadores activos, una medida que se suma a otras reformas estructurales del sistema. Según lo establecido en la nueva normativa, los descuentos destinados a la Caja de Jubilaciones oscilarán entre dos y ocho puntos porcentuales, de acuerdo con el nivel de ingresos de cada trabajador. Los cambios comenzarán a aplicarse sobre los haberes correspondientes a diciembre, que se cobrarán en enero.
Los cambios claves
La ley elimina el aporte fijo del 4% para los trabajadores activos y lo reemplaza por un esquema progresivo según nivel de ingresos:
-Hasta $755.000: aporte del 2%.
-Entre $755.000 y $1.000.000, aporte del 3%.
-Más de $3.500.000, aporte del 8%.
La ley introduce una nueva escala del aporte solidario, elevando el piso mínimo de $1.260.000 a $1.890.000. Según el gobernador, 9.856 beneficiarios dejarán de pagar el aporte solidario.
Las nuevas alícuotas van del 5% al 20%, aplicadas de manera escalonada según el nivel de ingresos:
-Entre $1.890.000 y $2.100.000, alícuota del 5%.
-Entre $2.100.000 y $2.520.000, alícuota del 10%.
-Entre 2.520.000 y 2.940.000, alícuota del 15%.
-Más de $2.940.000, alícuota 20%.
Otro punto central de la reforma es la eliminación del FOCCA (Fondo Complementario), así como la implementación de una nueva escala progresiva de aportes personales. Además, se incorpora el pago de un adicional no remunerativo que, de acuerdo con el Gobierno, permitirá un incremento de hasta el 82% del haber bruto para jubilados y jubiladas que perciban ingresos de hasta $1.300.000. En paralelo, la ley reduce el alcance del denominado aporte solidario, uno de los mecanismos más cuestionados del esquema anterior.
En su mensaje, Llaryora reconoció que la situación de la Caja de Jubilaciones es crítica y arrastra problemas de larga data. “La Caja de Jubilaciones de Córdoba arrastra desde hace años un problema estructural de déficit que viene desde gestiones anteriores, de distintos signos políticos”, afirmó el mandatario. En ese sentido, sostuvo que el objetivo de la reforma es garantizar la sostenibilidad del sistema y preservar mejores ingresos para los jubilados provinciales en comparación con el régimen nacional.
El gobernador también apuntó directamente a la deuda que mantiene el Estado nacional con la Provincia. “Es cierto que gran parte de este problema se resolvería si la Nación saldara la deuda que mantiene con Córdoba. Por eso seguimos reclamando ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, expresó. Según Llaryora, la recuperación de esos fondos permitiría aliviar de manera significativa el déficit previsional sin necesidad de mayores ajustes.
Sin embargo, la reforma generó un inmediato y contundente rechazo del arco sindical. Más de 15 gremios estatales denunciaron que la normativa fue discutida “a puertas cerradas” y que el Gobierno provincial incumplió la promesa de habilitar una mesa de diálogo previa a su tratamiento legislativo. Desde las organizaciones sindicales sostienen que el aumento de los aportes impacta de manera directa en los salarios de los trabajadores activos y representa un nuevo ajuste sobre un sector que ya sufrió pérdida de poder adquisitivo en los últimos años.
Los sindicatos también cuestionan el carácter no remunerativo del adicional anunciado para los jubilados, al advertir que este tipo de sumas no integran el haber previsional ni generan aportes, lo que podría afectar futuros cálculos y actualizaciones. Además, remarcan que la eliminación de fondos y la reconfiguración de aportes no resuelven el problema de fondo si no se avanza, en paralelo, en el reclamo de los recursos adeudados por la Nación.
En este contexto, las organizaciones gremiales anticiparon que continuarán con medidas de protesta y no descartan avanzar con acciones judiciales para frenar la aplicación de la ley. También insisten en la necesidad de reabrir el diálogo con el Ejecutivo provincial para discutir alternativas que no recaigan exclusivamente sobre trabajadores activos y jubilados.
